El exministro de Industria, José Manuel Soria, comunicó en abril al presidente de Aragón, Javier Lambán, que el Gobierno central había vuelto a remitir a Bruselas el nuevo sistema de ayudas al carbón nacional, una orden ministerial que incluía los incentivos para modernizar la térmica de Andorra y que, en consecuencia, debe ser el salvavidas de la minería aragonesa. Lambán, sin embargo, se quedó ayer asombrado cuando se enteró, en su visita a Bruselas, de que la versión del Gobierno español no coincidía con la de los responsables europeos, quienes le aseguraron que no habían recibido ninguna propuesta en este sentido.

"Hemos comprobado con bastante estupefacción que, a diferencia de lo que se nos había dicho por parte del Gobierno de España con respecto a las órdenes que debe aprobar para financiar la central térmica de Andorra y que requieren el visto bueno de Europa, a la Dirección General de Energía de la Comisión Europea no ha llegado ninguna petición del Gobierno de España y vamos a comprobar si ha llegado a la dirección general de competencia", subrayó Lambán tras mantener una reunión con el Director General de Energía de la Comisión Europea, Dominique Ristori, para hablar del futuro de las cuencas mineras aragonesas.

Lambán recordó a Ristori que está en juego la supervivencia de un sector del que dependen 1.000 empleos directos y otros 4.000 inducidos en la provincia de Teruel, por lo que le pidió una "mayor sensibilidad".

En su reunión de principios de abril, Soria reconoció a Lambán que Bruselas rechazó en febrero el anterior planteamiento español que, además, había sido rechazado previamente por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.

Lambán sí recalcó entonces que el nuevo borrador de la orden ministerial incluía las subvenciones para la modernización de las térmicas que queman carbón nacional como la de Andorra. La propuesta anterior contemplaba ayudas de 90 millones de euros para la reforma de dicha central, cuya inversión total para adaptarse a la normativa medioambiental europea rondaría los 230 millones de euros.

Por otra parte, la Comisión autorizó ayer la concesión de una ayuda pública de 2.130 millones de euros para contrarrestar el impacto social y económico del cierre de 26 minas de carbón en España. "La Comisión ha considerado que los planes españoles de conceder 2.130 millones para el cierre ordenado de 26 minas de carbón no competitivas se ajustan a las normas sobre ayudas estatales de la UE", aseguró la institución en un comunicado.

CRÍTICAS SINDICALES Tras conocer la noticia, el sindicato UGT acusó al Gobierno de pactar "unilateralmente" con la Comisión Europea el "cierre total de la minería del carbón" en España. UGT criticó que el Ejecutivo haya acudido a las instancias europeas "con premeditación y alevosía" para "para presentar un plan de cierre de la totalidad de las minas españolas sin contar ni con empresarios ni sindicatos" y que incluye, según el sindicato, el compromiso de devolución de las ayudas previas para seguir produciendo más allá de 2018. Estos planes suponen "el fin de la minería del carbón" en España y "condena a las comarcas mineras a transformarse en verdaderos guetos, mientras se beneficia a otras energías".