El Gobierno español en funciones espera recibir hoy, como muy tarde, una carta de la Comisión Europea exigiendo un nuevo plan presupuestario que, en el plazo máximo de un mes convenza a Bruselas de que el déficit español del 2017 se situará en el 3,1% del PIB y no en el 3,6% proyectado por el Ejecutivo en la documentación remitida a la CE el pasado 17 de octubre. Fuentes del Gobierno en funciones han informado a este diario de la intención comunicada por Bruselas de hacer llegar a España la citada misiva, que desencadenará la urgente presentación de un nuevo proyecto presupuestario.
La diferencia entre un déficit del 3,6% u otro del 3,1% implica la necesidad de un ajuste en torno a 5.500 millones de euros, por la vía de los ingresos o de los gastos. Esta será la primera tarea a la que tendrá que aplicarse el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy si, como parece, resulta investido presidente este fin de semana. Para ello, tendrá que apretar el acelerador en la búsqueda de apoyos políticos pues los 137 escaños del PP en el Congreso de los Diputados no bastan.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, guarda, no obstante, una carta en la manga: la de un mayor crecimiento que permita recaudar más por impuestos y así reducir la intensidad del ajuste necesario. En recientes declaraciones públicas, Guindos ha dicho que el crecimiento del 2016 «estará más cerca del 3,5% que del 3%» (el cuadro macroeconómico del Gobierno prevé el 2,9%). Economía confía en que esta inercia se prolongue en el 2017, ejercicio para el que en principio se prevé un crecimiento del 2,3%. «Si en vez del 2,3% fuera medio punto más, el ajuste sería la mitad del planteado», declaró Guindos a La Vanguardia este domingo.
Según estas cuentas, el ajuste de 5.500 millones quedaría reducido a algo menos de 3.000 millones, una cifra que, según el acuerdo PP-Ciudadanos, encajaría como un guante con la mayor recaudación ligada a la reforma en profundidad del impuesto de sociedades acordada en agosto por ambas formaciones.
LOS REGLAMENTOS EUROPEOS
El procedimiento desatado por la carta que Bruselas ha anunciado al Gobierno español encaja dentro del conocido como two pack, o paquete de dos reglamentos comunitarios por el que se trata de garantizar que los presupuestos de los estados miembros se ajustan al Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la Unión Europea.
Según estos reglamentos todos los estados deben remitir a Bruselas antes del 15 de octubre el plan presupuestario que garantice el cumplimiento de cada uno de ellos del PEC. España remitió su documentación el 17 de octubre (el día 15 era sábado).
El Gobierno español en funciones asumía en este documento que, dada su condición de interinidad, solo podía hacer una proyección automática de las cifras presupuestarias del año próximo (bajo el supuesto de una prórroga presupuestaria). Eso daba como resultado un déficit del 3,6% del PIB para el año próximo. El documento explicaba que solo un nuevo Gobierno con plenas facultades podría adoptar medidas para garantizar el cumplimiento del déficit asignado por Bruselas a España para el año próximo (el 3,1%), con el consiguiente ajuste de 5.500 millones de euros.
