Durante años la dimensión social ha sido la gran ausente en la agenda política de la Unión Europea (UE). Con el auge del populismo tan presente y a escasas semanas de que comience oficialmente la negociación del brexit, el Ejecutivo comunitario ha decidido redoblar los esfuerzos para hacer realidad el viejo objetivo de conciliar la vida laboral y familiar. Su propuesta estrella: un permiso retribuido de al menos cuatro meses al que podrán acogerse tanto el padre como la madre, que no será transferible, pero que podrán utilizar hasta que el menor cumpla los 12 años.

La legislación europea actual ya reconoce a los progenitores el derecho a acogerse a una excedencia de cuatro meses para cuidar de hijos de hasta ocho años, pero las reglas no exigen que sea una baja pagada y solo permite a los padres transferirse tres de los cuatro meses. Bruselas propone ahora mejorar las condiciones para las familias y, si el plan sale adelante, los trabajadores podrán beneficiarse de una compensación equivalente como mínimo a una baja por enfermedad.

«A corto plazo es verdad que es un coste pero es una inversión a largo plazo», insistió la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, sobre el elemento que a buen seguro generará más polémica durante la fase de negociación entre los Estados miembros y la Eurocámara. De hecho, en julio del 2015 la Comisión Europea (CE) ya se vio obligada a retirar su propuesta para ampliar la baja remunerada por maternidad. Bruselas quería pasar de las 14 semanas actuales a las 18 -el Parlamento Europeo pedía 20- pero 11 Estados miembros -incluidos el Reino unido, Alemania, Francia y Holanda- bloquearon la iniciativa.

La propuesta incluye también, por primera vez, el derecho del padre a una baja retribuida de paternidad de al menos 10 días tras el nacimiento del niño -en España es de cuatro semanas desde este año-, el derecho de los trabajadores a disponer de «cinco días de permiso por año», retribuidos con el equivalente a una baja por enfermedad para cuidar de enfermos y dependientes, y el derecho a solicitar a la empresa unas condiciones de trabajo flexibles en términos de horarios y lugar de trabajo, lo que actualmente solo está al alcance de los padres que terminan su baja de maternidad. No están cubiertos en cambio los trabajadores autónomos porque la directiva solo se refiere a los asalariados, así que son los Estados miembros quienes en el futuro tendrán que decidir si les aplican los mismos derechos.

Según la Comisión, cada año los Estados miembros pierden unos 370.000 millones por la brecha laboral entre hombres y mujeres, que sigue rondando los 12 puntos, y que aumenta incluso por encima del 30% en el caso de las familias con niños de menos de seis años. Una brecha que aspiran a reducir con las nuevas medidas propuestas para que los padres asuman cada vez más las responsabilidades del cuidado de hijos y otros familiares.