Caja Inmaculada (CAI) --ahora Caja3-- tiene comprometida una prestación postempleo de 2,3 millones de euros con Juan Antonio García Toledo, exdirector general adjunto de la entidad, en concepto de indemnización por la rescisión de su contrato de alta dirección el 26 de noviembre del 2011, fecha en la que se prejubiló. Esta pensión de carácter vitalicio --similar a la que percibe el exdirector general, Tomás Garcia Montes-- fija unos pagos anuales brutos, revalorizados con el IPC hasta los 65 años, que rondan los 160.000 euros, según la información a la que ha tenido acceso este diario. En caso de fallecer, la viuda percibiría el 50% de las cuantías.

La renta inicial bruta contemplada para el 2011 era de 180.250 euros; la del 2012 de 159.402; la del 2013 de 162.590; la del 2014 de 165.842; y la del 2015 de 169.158. Este último importe se mantiene constante para los sucesivos ejercicios. Todo ello en una entidad con ayudas públicas (en forma bonos convertibles) por valor de 407 millones.

García Toledo cesó en su cargo ejecutivo, pero continúo ligado a la entidad de la mano de Caja3, el grupo financiero creado por CAI, Caja Badajoz y Caja Círculo, del que era secretario del consejo de administración desde su creación en diciembre del 2010. Cuando la alianza empezó a operar como banco (enero del 2012) conservó este cargo de representación retribuido con dietas.

En fechas recientes abandonó el puesto pero sigue estando presente en el consejo del grupo como vocal y lo continuará estando en el órgano de gobierno de Ibercaja Banco cuando esta culmine la absorción de Caja3. En concreto, el contrato de integración firmado entre ambas entidades le sitúa como vicesecretario del consejo de administración, cargo que actúa en "ausencia o ante la imposibilidad del ejercicio" del secretario, según la Ley de Sociedades Anónimas.

"NADA QUE DECIR"

García Toledo eludió ayer aclarar a este diario el estado actual de estos conceptos retributivos recogidos en su contrato de alta dirección. "No tengo nada que decir", zanjó. Caja3 e Ibercaja tampoco se pronunciaron al respecto.

Fuentes sindicales del sector opinaron que esta pensión vitalicia es acorde a las indemnizaciones de exdirectivos de cajas pero que colisiona con una entidad con ayudas públicas y un severo recorte de gastos y plantilla.