Los órganos de Gobierno de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza dieron ayer vía libre a la venta de su 33% en la Feria de Zaragoza después de que esta misma semana el Ejecutivo aragonés aprobase en Consejo de Gobierno negociar la compra de una parte de ese porcentaje, valorado en 17,9 millones de euros. Además, la institución presidida por Manuel Teruel confirmó la tasación realizada por una entidad independiente, que valora el 100% de la Feria en 54,35 millones de euros.
El visto bueno del comité ejecutivo y del pleno de la Cámara faculta a Teruel a abordar la venta con la DGA y con la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que ya han confirmado su intención de hacerse con una parte de esa participación para "salvar" a la institución de sus problemas económicos. Mientras, tanto Ayuntamiento de Zaragoza como Ibercaja, han descartado esta posibilidad.
No obstante, de momento, se desconoce qué porción de ese 33% adquirirán DGA y DPZ, ya que es posible que la Cámara no necesite desprenderse de toda su participación para mejorar su situación financiera. La decisión definitiva se adoptará en la comisión técnica que se creará para que ambas instituciones puedan negociar este asunto con el presidente de la Cámara. La junta de partícipes también se reunirá para dar, finalmente, el visto bueno a la operación, algo que es preceptivo. Fuentes consultadas por este diario apuntaron que la venta del 33% de la Cámara en la Feria podría cerrarse de forma inminente, es decir, durante la primera quincena del mes de marzo.
El Ejecutivo aragonés, con un 38,155% de participación es, en estos momentos, el principal propietario en la actual composición accionarial de la Feria de Zaragoza. En segundo lugar se encuentra la Cámara de Comercio e Industria, con un 33%, seguida del Ayuntamiento de Zaragoza (11,15%), la Diputación Provincial de Zaragoza (5,69%) y la entidad financiera Ibercaja (3%). La propia institución ferial cuenta, además, con el 9% restante de participación, en concepto de autocartera.
VIABILIDAD FINANCIERA
El objetivo central de la operación es superar la maltrecha situación financiera de la Cámara, cuya deuda total ronda los nueve millones de euros. Una situación que provocó la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), actualmente en vigor, que afecta al total de su plantilla (46 trabajadores) por un periodo de cuatro meses.
