Corrían los años 60 cuando los técnicos del Ministerio de Agricultura eran reclutados durante varios meses para recibir formación, bajo la premisa los problemas del agricultor son tus problemas, en lo que entonces se llamaba extensión agraria, es decir, proporcionar al profesional del campo los conocimientos necesarios para que supiera aprovechar al máximo sus recursos y aumentar la productividad de su explotación. En definitiva, elevar el nivel de vida del agricultor en el medio rural. Ahora, el campo aragonés, consciente de la importancia que puede tener la transferencia de conocimientos en la mejora de la rentabilidad de sus negocios, se ha unido más que nunca y está decidido a impulsar e institucionalizar un sistema de asesoramiento "desde y para el sector", reorientando a la vez la I+D hacia sus intereses reales. Para ello, ha incluido en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 de Aragón una partida anual de cuatro millones de euros, a los que se optará mediante concurso público y que beneficiará tanto a los colectivos que impartan el servicio como al agricultor que lo reciba.

La iniciativa parte de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa (AAA), un grupo de cooperación integrado por los sindicatos agrarios UAGA, Asaja y UPA, las Cooperativas Agroalimentarias de la comunidad, la Asociación de Industrias Alimentarias de Aragón y los colegios profesionales de ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas y veterinarios. Todos asistieron ayer a una jornada en Ibercaja, donde se dio a conocer esta iniciativa. En ella participó la directora general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Begoña Nieto, que elogió el proyecto aragonés. "El asesoramiento es una herramienta para la transferencia de conocimientos y poder afrontar mejor los retos del sector", señaló.

Por su parte, Francisco Domínguez, jefe del servicio de Programas Rurales de la DGA, diseccionó las cifras del PDR aragonés y apuntó que el agricultor que solicite el asesoramiento contará con una subvención del 80%, hasta un máximo de 1.500 euros. Pero, aunque el sector está convencido, el objetivo que se propone no se antoja fácil, según reflejó en su intervención Luis Miguel Albisu, investigador agroalimentario del CITA. "Se dedica poco tiempo a la transferencia, hay dificultad para llegar al usuario y faltan técnicos que conozcan los problemas reales del sector", reconoció.