En España hay medio millón de autónomos que no alcanzan a ganar los 735,9 euros que constituyen el salario mínimo interprofesional, según las últimas estadísticas de la Agencia Tributaria. Los bajos ingresos y la incertidumbre de si se podrán, como mínimo, mantener al mes siguiente hacen que comprometerse mensualmente con una cuota fija de impuestos sea para muchos toda una aventura laboral. Para ellos nacieron las cooperativas de facturación.

Eduardo es músico, un profesional de la batería que la toca y las fabrica. En mayo del 2016, una fábrica de instrumentos musicales le hizo un pedido mensual estable de 500 euros. Problema: descontando el IVA y el IRPF y asumir la cuota del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) le dejaba a unos ingresos paupérrimos. «Vi por internet un anuncio de Factoo para facturar sin ser autónomo que encajaba perfectamente con lo que necesitaba. No quería trabajar sin pagar mis impuestos, pero mi margen era muy estrecho», explica.

Fidelis Factu Sociedad Cooperativa, conocida comercialmente como Factoo, es una entidad cooperativa de trabajo asociado que centra su actividad en realizar una intermediación entre sus 18.000 autónomos y la Seguridad Social y Hacienda. Su proceder se basa en dar de alta como trabajadores por cuenta ajena de la cooperativa a sus «socios trabajadores», cobrándoles por ello una comisión por cada factura gestionada.

Eduardo compaginaba sus ingresos fabricando baterías con conciertos u otras actuaciones musicales en vivo y la opción de Factoo le pareció «lo más legal». «Quería hacer las cosas bien», coincide con él Miquel, fotógrafo, editor de vídeo y documentalista. Este joven comenzó a facturar con Factoo en mayo del 2015, con un nivel de ingresos irregular, «dependiendo de los proyectos que cada mes me iban saliendo», cuenta. En el 2015 facturó casi 5.000 euros y en el 2016, poco más de 8.000, cantidades por debajo del salario mínimo, que está en 10.302,60 euros.

El pasado 17 de agosto de 2017, el Ministerio de Empleo hacía público un comunicado en el que desacreditaba a Factoo como cooperativa de trabajadores y a partir de entonces a varios de sus «socios trabajadores» les comenzaron a llegar notificaciones de parte de la Inspección de Trabajo de Valencia, instancia desde donde se están liderando las pesquisas, conforme estaban siendo investigados.

Reclamación de 2.900 euros

El proceder hasta ahora desde Empleo ha sido dar de alta de oficio en el régimen de autónomos a aquellos investigados que hubieran facturado a través de Factoo. A cada afectado se le pasa a cobrar la cuota más alta del RETA, que asciende a los 276 euros mensuales, y se le suma por dicho procedimiento retroactivo un 20% de recargo por pago atrasado.

Casos similares son los que explica Elisa, cantante y hasta hace poco socia trabajadora de Factoo, a la que Hacienda ya le ha reclamado 2.900 euros. O Rebeca, profesora de danza, a la que la deuda le supera los 7.700 euros. Ambas sin superar el salario mínimo interprofesional en la mayoría de sus facturaciones.

A Miquel la cuantía que le exigen por facturar sus fotografías y vídeos a través de Factoo asciende hasta los 8.000 euros. El mes pasado se dio de alta de autónomos para continuar trabajando mientras espera a que le exijan oficialmente el pago, que no sabe como afrontará.

Legalidad del modelo

El proceder de Empleo se ha centrado individualmente en los «socios trabajadores» de Factoo, no en la entidad, que no ha recibido denuncia alguna hasta la fecha, según afirman. Desde esta firma insisten en la legalidad de su modelo y afirman que se comprometen con sus socios trabajadores a asumir «toda consecuencia económica negativa» de las investigaciones de la Inspección de Trabajo. Lo que, especifican, incluye las cuotas de RETA, el 20% de recargo y las «eventuales multas que puedan incluirse».

No obstante, Factoo retribuirá a sus asociados sólo después del proceso judicial, que han de llevarlo obligatoriamente a través de los servicios jurídicos de la cooperativa para el cumplimiento de dicho compromiso. Un proceder que exige a los afectados adelantar las cuotas de RETA que Hacienda les exige. «Obligarnos a someter nuestro caso a sus abogados significa que renunciemos a denunciarlos por publicidad engañosa», señalan desde Afectados por las Cooperativas de Facturación, una plataforma que agrupa a unas 350 personas en situaciones parecidas a las relatadas por Rebecca, Elisa, Miquel o Eduardo.

Desde que en agosto de 2017 se hiciera pública la descalificación como cooperativa de Factoo se han asociado a la cooperativa unas 2.700 personas, según datos facilitados por la propia Factoo.