La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) de Aragón celebró ayer una asamblea general con carácter electoral en la que renovó su junta directiva, con 22 nuevos miembros y el doble de mujeres, al tiempo que reeligió Aurelio López de Hita como presidente. Tras su designación, apostó por consolidar el «carácter autonómico» de una organización «independiente, necesaria y perfectamente estructurada». En esta línea, recalcó que «la integración con CEOE no está en la hoja de ruta» de la patronal, que integra a 250 asociaciones empresariales y más de 20.000 firmas de la comunidad.

En declaraciones a los medios de comunicación, defendió que el mundo de los autónomos y las pequeñas empresas «es totalmente distinto al de las grandes corporaciones». Por ello, consideró que no es recomendable una fusión de patronales aragonesas, como la desarrollada por las antiguas CREA y CEZ, a las que ofreció, eso sí, cooperación.

López de Hita defendió asimismo que Cepyme Aragón siga funcionando «como si fuera una empresa» en sus usos y costumbres. Gracias a ello, explicó, esta organización tiene hoy estabilidad y sus cuentas saneadas, que son auditadas externamente. Destacó igualmente que cuenta con sellos de calidad en la gestión y que ofrece a sus asociados servicios «ventajosos», algo que -dijo- la distingue de otras organizaciones.

«Cepyme lo ha hecho muy bien y estoy convencido de que lo hará mejor», aseveró. Este año cuenta con un presupuesto de 3,3 millones de euros y una plantilla de 33 trabajadores fijos, a los que se suman 27 empleos por tiempo definido vinculados a programas con una duración determinada.

Exceso de regulación

Entre las prioridades de su nuevo mandato, abogó por continuar buscando la excelencia en los servicios que presta la patronal, mantener el nivel de reivindicación de las pymes y contribuir al diálogo social de la comunidad.

Sobre los problemas que sufre este colectivo empresarial, denunció el «exceso de regulación», que queda reflejado en el hecho de que el BOE haya pasado de 20.000 páginas al año a más de 900.000. «Esto conlleva una dispersión normativa y una serie de contradicciones que lo único que hacen es torpedear el normal desarrollo de una empresa», apuntó.

Por último, lamentó que España siga siendo uno de los países «más complicados» para poner en marcha una empresa y disolverla. A este respecto, subrayó que oficialmente solo han desaparecido durante la crisis en torno a un 12% de las firmas, pero en la realidad estimó que han cerrado el 23% de los negocios.