El CETA, como se conoce al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, ya tiene vía libre. El pleno del Parlamento Europeo ha dado este miércoles luz verde por una amplia mayoría al pacto -408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones- que ha salido adelante con el apoyo del PPE, conservadores británicos, liberales y de parte de los socialistas, que han votado divididos. En contra, los ecologistas, la izquierda y la ultraderecha que denuncian que rebajará los estándares sociales, laborales y medioambientales en la Unión Europea.

El debate y la votación han vuelto a estar rodeadas de mucha polémica, críticas y manifestaciones. Activistas de divesas organizaciones contrarias al tratado han protagonizado una marcha contra el acuerdo que ha terminado a las puertas de la sede de la Eurocámara. Entre esas organizaciones, por ejemplo, Greenpeace. Varias lanchas motoras con buzos y representantes de la organización han desplegado carteles en el lago que rodea la sede del Parlamento Europeo en los que se podía leer “hundan el CETA no la justicia”.

Según han denunciado, el pacto abrirá la puerta a que multinacionales recurran la legislación sobre derechos sociales, salud pública y medio ambiente y supone una amenaza para la democracia y el estado de derecho porque es “tóxico” y terminará con miles de empleos en toda Europa. Junto a la iniciativa de Greenpeace, la plataforma Stop TTIP ha entregado 3,5 millones de firmas a miembros de la Eurocámara que no han servido, sin embargo, para impedir que la Eurocámara rechazara un texto que ha tardado siete años en tramitarse.

MALMSTRÖM DEFIENDE EL PACTO

“No hay nada en este acuerdo que socave el derecho de los gobiernos a reglamentar el interés público. Nada que afecte a la seguridad de los alimentos que comemos o de los productos que compramos. Nada que impida a los gobiernos dar buenos servicios públicos. Nada que requiera la privatización del agua o la asistencia sanitaria. Nada cambia la prerrogativa que tienen los legisladores de la UE”, ha intentado tranquilizar la comisaria de comercio, Cecilia Malmström, insistiendo en que no han negociado en secreto y en que los documentos, pese a las continuas críticas que ha recibido, son públicos desde hace casi tres años.

La discusión, larga y acalorada en muchos momentos, ha mostrado de nuevo las profundas divergencias que existen entre los defensores y los detractores del pacto. “Queremos dejar claro que no queremos construir muros sino tender puentes”, ha resumido el jefe de filas de los conservadores, Manfred Weber, partidario del pacto porque es un “buen acuerdo que va por buen camino”. Para los socialistas, en cambio “el CETA no es un modelo sino el inicio de un cambio en la política comercial”, ha explicado el socialista Gianni Pitella, favorable al mismo aunque no todos en su grupo lo han secundado.

Algunos como la socialista belga Marie Arena, cuyo parlamento mantuvo bloqueado el texto en octubre pasado, han optado por alinearse en el no junto a los Verdes y la Izquierda que han vuelto a presentar el pacto como “un caballo de troya” y “un golpe de estado institucional”. En la misma línea, los euroescépticos y la extrema derecha de Marine Le Pen que ha arremetido contra un pacto que “destruirá miles de empleo” y que “vende barato” los derechos de la alimentación. “Este tratado simplemente demuestra que son incapaces de defender al pueblo”, ha advertido.

“Respeto que haya discrepancias. Se puede estar a favor o en contra pero decir que un acuerdo comercial con Canadá es un golpe de Estado es ir demasiado lejos”, ha respondido Malmström al término de un debate que ha concluido con gritos del público “no CETA”.

Un largo poceso por delante

Para que sea de aplicación plena el CETA tendrá todavía que recibir vía libre de 38 parlamentos nacionales y regionales de la Unión Europea porque hay elementos del pacto que entran dentro de las competencias de los Estados miembros. Eso significa que el procedimiento no ha terminado y que se prolongará durante meses e incluso años. Aún así, buena parte de las disposiciones -de competencia europea- sí podrán empezar a aplicarse a partir de abril, una vez concluida la ratificación en la Eurocámara y el parlamento canadiense.

Entre los elementos que serán de aplicación inmediata: un mayor acceso de las empresas europeas a los mercados públicos canadienses, una bajada de los derechos de aduana ya que se suprimirán el 99% de los aranceles, protección para 145 denominaciones de origen europeas en Canadá, un aumento de las cuotas de importación de carne canadiense hacia Europa, liberalización de algunos servicios y un mayor reconocimiento mutuo de las cualificaciones de los trabajadores. Algunos capítulos, sin embargo, no podrán entrar en vigor hasta que no sea ratificado definitivamente. Este es el caso de los polémicos tribunales de arbitraje privados o algunas disposiciones vinculadas a la fiscalidad.