Chunta Aragonesista anunció ayer que participará en el proceso de consulta pública previo al proyecto de real decreto para regular el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica, abierto este mes de agosto por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno de España.

El proceso, según se indica en la web oficial del ministerio, tiene por objeto «recabar la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma proyectada», explica CHA en una nota de prensa.

Se trata de responder a dos preguntas: «¿Considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio?» y «¿qué procedimiento debería seguirse en el supuesto que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema?».

En este sentido José Manuel Salvador, consejero comarcal CHA-Andorra-Sierra de Arcos comentó que, como parte implicada en la defensa de los intereses de las cuencas mineras aragonesas, se participará en este proceso de consulta que concluye el próximo 15 de septiembre.

Salvador adelantó que las líneas generales de la propuesta de CHA que se enviarán a la Dirección General de Política Energética y Minas abogarán por mantener «totalmente operativa» la central térmica de Andorra por lo menos hasta el 2025 (después podría ser una instalación en reserva), para poder resolver la incertidumbre actual y apostar por una transición justa «olvidándonos del carbón como combustible a corto plazo».

También abrirá un proceso de debate y participación para que las aportaciones a trasladar al Gobierno de España recojan mejor las demandas de la zona y las inquietudes de la ciudadanía.

Finalmente CHA espera que el gobierno de Mariano Rajoy no haga caso omiso de las propuestas presentadas y actúe en consecuencia porque el futuro de las comarcas mineras aragonesas está en juego.

Tal y como explicó el ministro de Energía, Álvaro Nadal, a mediadios de junio, el objetivo del real decreto es que el eventual cierre de centrales sea ordenado y tenga en cuenta, además de la seguridad del suministro, criterios medioambientales, de flexibilidad del sistema y de precio de la energía eléctrica.

Así, el ministro recalcó que el cierre de las centrales no puede depender únicamente de decisiones empresariales porque influye en el mix energético (reparto de la capacidad de generación entre las distintas tecnologías), una cuestión que, a su juicio, es competencia del Parlamento y del Gobierno.