La precipitada decisión del Gobierno en funciones de adelantar al 20 de julio el cierre presupuestario del Estado y dejar de aceptar nuevas obligaciones de gasto dejó sin munición ni chalecos antibalas a la Policía Nacional y sin la posibilidad de suministrar carburantes a los vehículos oficiales ni electricidad a los edificios públicos en la última parte del año. La decisión también bloqueó los comedores de los cuarteles del Ejército de Tierra. Para superar tales despropósitos y otros más, así como para evitar el colapso de servicios públicos esenciales, los sucesivos Consejos de Ministros han debido aprobar al menos 20 excepciones a la orden ministerial de cierre presupuestario publicada por Hacienda el 16 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En la práctica, aquella orden adelantó cuatro meses el procedimiento de cierre presupuestario con el fin de ahorrar alrededor de 1.000 millones de gasto público. Esta fue una de las acciones que el Gobierno en funciones comprometió en el mes de julio ante la Comisión Europea con el fin de evitar una multa por incumplimiento de los objetivos de déficit que podría haber llegado a 2.200 millones de euros.
La orden de cierre no afectaba a pensiones, prestaciones por desempleo, gastos de personal o deuda pública. Tampoco a gastos establecidos por normas legales o reglamentarias o que ya hubieran sido autorizados por departamentos públicos. La limitación afecta sobre todo a la concesión de nuevas subvenciones o al compromiso de nuevas inversiones o contratos de suministros. Sin embargo, los diferentes ministerios debieron abordar de forma tan precipitada el cierre de sus ventanillas que cometieron en el camino multitud de errores.
El último Consejo de Ministros, el 23 de septiembre, por ejemplo, tuvo que adoptar un total de 11 excepciones a la citada orden de cierre. H
