En plena tensión negociadora entre estibadores y el Gobierno se conoció ayer la apertura de un expediente sancionador de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) a varias empresas y sindicatos del Puerto de Vigo por prácticas restrictivas de la competencia en el sector de la estiba. El expediente afecta a los sindicatos UGT, CCOO y Confederación Intersindical Galega (CIG); y a las empresas Líneas Marítimas Españolas, Bergé Marítima, Estibadora Gallega, Terminales Marítimas de Vigo y Pérez Torres Marítima.
La infracción consistiría, explicó la CNMC, «en la firma o aplicación, por parte de estas entidades, de un pacto extraestatutario firmado en 1996, para la regulación de relaciones laborales en el ámbito de la estiba en el Puerto de Vigo, cuyos ámbitos personal y funcional de aplicación desbordarían el ámbito propio reservado a las labores de estiba».
El organismo recordó que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado de la investigación. Pese a ello, llega en un momento caliente que azuza a la representación laboral a aceptar un nuevo marco en el que las futuras relaciones laborales del sector se plasmen en convenios de empresa de duración limitada.
Al margen de este frente legal, el Ministerio de Fomento realizó ayer un «llamamiento» a los sindicatos y la patronal de la estiba para que «se sienten a dialogar lo antes posible», una salida para el sector acorde con la legislación europea. La única muestra de buena voluntad ha sido posponer la aprobación del decreto ley marco hasta dibujar un convenio colectivo consensuado.
El departamento que dirige Íñigo de la Serna apela de nuevo a la «responsabilidad» de los grupos parlamentarios que deben garantizar la aprobación definitiva de ese marco legal. Esa falta de consenso político es la que realmente ha impedido su aprobación.
Incluso en fuentes de la Coordinadora, que concentra buena parte del protagonismo sindical de la negociación, se ha reconocido el papel relevante de Ciudadanos a la hora de ganar una semana en la negociación.
