No hay mucho margen de maniobra y el tiempo apremia. El Gobierno ha tenido que actuar de forma urgente y, según sindicatos, partidos políticos y otros sectores de la sociedad, con cierta "improvisación" para hacer frente a uno de los retos más importantes que tiene España: garantizar el futuro de las pensiones.

Los últimos estudios realizados apuntan que el sistema de pensiones peligraría a partir del año 2023, si antes no se introducen cambios. No obstante, todavía habría cierto margen con la aportación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que "concedería un respiro hasta el año 2029", sostiene el director del departamento de Estructura Económica de la Universidad de Zaragoza, Antonio Sánchez. No obstante, puntualiza que "no se debería nunca llegar a ese extremo".

Esta hipótesis (quedarse sin recursos públicos para pensiones en un plazo de 20 años) supondría que, si no se introducen cambios, los 340.000 pensionistas que el Ministerio de Trabajo estima que habrá en Aragón en el 2030 --casi el doble que en la actualidad (173.000)-- tendrán muy difícil recibir la pensión, ya que no habría dinero en las arcas del Estado. En el conjunto de España habrá 15 millones de pensionistas dentro de dos décadas.

Medidas impopulares

Antonio Sánchez es uno de los expertos consultados por este diario que sostienen que desde un punto de vista exclusivamente económico, es "lógica" la propuesta de alargar la edad de jubilación o la de elevar el periodo de cotización de 15 a 25 el número de años sobre los que se realiza el cómputo para calcular el importe de la pensión. No obstante, recuerdan que no hay que olvidar la perspectiva social, entre otras, y remiten a la reunión del Pacto de Toledo como la fórmula para buscar una solución de consenso.

Hoy por hoy, alargar la edad de jubilación es la fórmula "más eficaz" para recaudar, según Sánchez. La segunda es elevar el calculo de la pensión a percibir tomando como base reguladora los últimos 25 años de cotización (actualmente son los últimos 15 años). Así se recogía --como una hipótesis-- en la actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013, que el Ejecutivo remitió esta semana a la Comisión Europea, y en el que aludía a sus perspectivas sobre las cuentas públicas en ese período.

Pero esta medida, igual que alargar la edad de jubilación, resulta impopular. Tanto es así que si se toman como referencia los últimos 25 años de trabajo, las pensiones medias sufrirían una merma de entre el 10 y el 12%. Es decir, una pensión 1.000 euros quedaría reducida a 900 o menos.

De esta forma, las dos medidas (alargar la edad de jubilación y los años de cotización) supondria un importante ahorro para el Estado. No en vano, la mayoría de los trabajadores tienen salarios mayores y, por lo tanto, cotizaciones más altas, en los últimos años de vida laboral. Ademas, al ampliar el número de años sobre el que se realiza el cálculo, se reduciría la cuantía de la pensión. La pregunta ahora es ¿cómo y cuándo hacerlo?

Para el director del departamento de Estructura Económica de la Universidad de Zaragoza, los informes realizados en los años 90 "ya recomendaban acometer la reforma", pero ningún Gobierno se ha atrevido a hacerlo por un tema meramente electoral.

Desequilibrios

En este sentido, Sánchez destaca que "si se generase mucho empleo, habría más cotizantes y no habría problemas para el futuro". Sin embargo, todo apunta a que esto no sucederá. "La esperanza de vida se alarga mientras la tasa de paro crece", argumenta el académico. De hecho, algunos expertos anticipan que el desempleo no bajará de los dos dígitos en España en, al menos, una década.