La comisión parlamentaria que investiga la gestión de Caja Inmaculada (CAI) a partir del año 2000 ha decidido, "por unanimidad" de sus miembros, enviar una carta a Fiscalía en la que muestra su disposición a entregar la documentación que requiera, en el caso de que esta lo considere oportuno. Una decisión que se produce después de que los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón no hubieran detectado hasta ahora "indicios de irregularidades" suficientes como para trasladar una denuncia ante el ministerio fiscal.
El presidente de la comisión de investigación, Antonio Ruspira, detalló ayer en rueda de prensa que el informe remitido por el exjefe de Riesgos de CAI, Carlos Montón, en los que denunciaba presuntas irregularidades, así como el del exdirector general de la entidad, Tomás García Montes, no tenían suficiente entidad, según los servicios jurídicos, como para denunciar ante Fiscalía los hechos. No obstante, señaló que la comisión se pone a disposición del poder judicial para facilitarle cualquier documento o comparecencia, después de que el propio ministerio fiscal instase a la jueza que instruye la querella de CAI contra varios exdirectivos a "continuar la tramitación de las actuaciones, realizando todas aquellas diligencias de prueba que se consideren necesarias".
EL DICTAMEN Al margen de ello, Ruspira puso de manifiesto que, una vez concluida la comisión de investigación de CAI, se presentará un dictamen para que su aprobación por el pleno de las Cortes y, finalmente, la mesa de las Cortes será quien decida si remite la información a Fiscalía.
Por otro lado, Ruspira indicó que para elaborar el informe final se recogerán las conclusiones de las 43 comparacencias y de la documentación recabada --faltan las actas de los consejos de CAI e información del Banco de España--. El objetivo será reflejar "el porqué de las cosas que se han hecho", dijo Ruspira. También se subrayará en las conclusiones las ochos sesiones de comparecencias en relación a las seis líneas de trabajo establecidas.
