Todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados firmaron ayer un acuerdo para impulsar la creación de una comisión de investigación «sobre la crisis financiera en España y el programa de asistencia financiera», una década después del estallido de la burbuja inmobiliaria. Según el acuerdo, la comisión se debe crear en el plazo máximo de 60 días (antes del 22 de abril) y la duración de sus trabajos será de seis meses, que podrían ser prorrogados.

La decisión de crear esta comisión de investigación tiene su espoleta más reciente en la iniciativa presentada por Podemos en esta legislatura en la que el PP carece de la mayoría absoluta que vetó intentos anteriores. El portavoz socialista, Antonio Hernando, explicó que los trabajos de investigación abarcarán desde el año 2000 hasta el momento actual. El PSOE sitúa en el Gobierno de Aznar (1996-2004) «las causas que originaron la crisis financiera» en España por la desregulación del mercado del suelo y la posterior burbuja de crédito y de endeudamiento privado, según el socialista Pedro Saura. Sin embargo, el texto del acuerdo solo incluye una referencia genérica al periodo que debe ser investigado, desde la gestación de la burbuja del crédito inmobiliario.

CINCUENTA CAUSAS

En paralelo seguirán las casi 50 causas judiciales por las que están siendo investigados alrededor de 280 banqueros. Alguno de ellos, como Rodrigo Rato, por más de una causa (tarjetas black y salida a bolsa de Bankia). Solo cinco han ingresado en prisión (la antigua cúpula de Novacaixagalicia), mientras que otros la han esquivado por haber recibido penas inferiores a dos años. El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez debe declarar por el caso Bankia el próximo 16 de marzo.

Frente a las actuaciones judiciales, la comisión parlamentaria pretende centrar sus trabajos en las responsabilidades políticas de la crisis económica. El dictamen final de la Comisión será publicado en el Boletín Oficial del Estado y podría ser remitido al Ministerio Fiscal si se aprecian indicios delictivos.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

«Sabemos quiénes han sufrido la crisis, pero no quiénes la causaron», dijo desde la tribuna del Congreso Alberto Garzón, de Unidos Podemos, en alusión a los responsables políticos que -desde su punto de vista-- llevaron a la necesidad de un rescate multimillonario del sector financiero cuyo coste de dinero público se estima, por ahora, en más de 60.000 millones.

«Llegamos cinco años tarde», se quejó el diputado de Ciudadanos Toni Roldán, que ha denunció «la politización y el saqueo» del sector financiero arruinado por el «triángulo incestuoso» entre cajas de ahorros, políticos y promotores que alimentaron la burbuja inmobiliaria. «Ya es hora de poner luz y taquígrafo a una de las etapas más negras ha sufrido este país», remató.

El diputado Carlos Rojas García expresó la disposición del grupo popular «a analizar todo lo que ha pasado, con transparencia» y cargó las críticas sobre la gestión de Bankia durante el Gobierno socialista.

Pese a todo, la mayoría de los diputados expresaron cierto escepticismo. Tal como funcionan este tipo de comisiones en España, no se permite un diálogo fluido entre los diputados y los comparecientes que, además, se pueden negar a responder, sobre todo si están implicados en una causa judicial. «Al final, esto se convierte en un desfile en el que cada uno hará su discurso», asume un diputado, consciente de que el verdadero potencial investigador de la comisión reside en la exhaustiva documentación que se podrá exigir a los diferentes organismos, parte de la cual podría conservar su carácter reservado frente al público.

DIECISIETE MIEMBROS

La comisión estará integrada por un total de cuatro miembros del grupo popular; tres de cada uno de los grupos de PSOE, Podemos y Ciudadanos; dos del grupo mixto; uno, del PNV y otro de ERC. No obstante, «en las votaciones se atenderá el criterio de voto ponderado».

Entre las materias objeto de investigación ocupa un lugar prioritario «la gestión que originó la situación financiera del grupo BFA-Bankia, su salida a bolsa y su posterior rescate financiero y nacionalización». La comisión también quiere investigar «las actuaciones de los organismos de supervisión» (Banco de España, CNMV y comunidades autónomas) y analizar «los problemas institucionales de gobernanza de las cajas de ahorro», con especial referencia «a las actuaciones que efectuaron los órganos de administración así como las admnistraciones públicas competentes» (las comunidades autónomas).