Con motivo de la consolidación de los "picos" de consumo que se producen durante el Black Friday o Viernes Negro y el Cyber Monday, el Gobierno de Aragón tiene previsto realizar controles específicos, especialmente sobre la publicidad y los marcajes de los precios en las grandes cadenas.

Dos fechas que este año se celebran el próximo viernes 24 de noviembre y el lunes 27 de noviembre, donde el protagonismo se lo llevarán las compras por Internet.

En una nota de prensa, fuentes de la dirección general de Protección de Consumidores y Usuarios recuerdan que un descuento o una oferta no van acompañados de una merma en los derechos y que la garantía de un bien permanece inalterable: dos años.

El consumidor que se sienta afectado debe acudir a la atención al cliente de la empresa vendedora y, en todo caso, si es necesario, tiene derecho a que se le facilite una hoja de reclamaciones con la cual dirigirse a la administración, una vez transcurrido el plazo de un mes sin que la empresa de respuesta o no sea satisfactoria.

Insisten en que la factura o el justificante de pago es imprescindible para poder realizar cualquier actuación y debe conservarse, al menos, durante esos dos años posteriores a la adquisición.

Además, esta dirección general recomienda asesorarse antes de comprar, sobre todo en material electrónico, y no hacer compras por impulso y adquirir sólo aquello que realmente se necesita.

En sus inicios el comercio electrónico era el sector que ofrecía mayores descuentos y por lo tanto generaba una mayor demanda, pero actualmente las grandes cadenas comerciales utilizan este reclamo para promover sus ventas.

Por ello, el año pasado se llevaron a cabo actuaciones inspectoras en doce grandes superficies que publicitaban rebajas por el Black Friday y en general no se advirtieron irregularidades, salvo en dos centros, donde se apreció que la información adicional de las ofertas pudiera ser insuficiente.

El pasado año, la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios también consideró oportuno abordar una campaña específica para garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios en el comercio electrónico, prestándose especial atención a la información expuesta sobre los artículos dispuestos para su venta y documentos que se formalizan.

Se realizaron inspecciones en 130 páginas webs de venta de diversos productos, como electrodomésticos, informática, deportes, calzado y ropa o alimentación, entre otros, con un resultado de cumplimiento por encima del 95%.

De todas las atenciones prestadas a consumidores hasta el 30 de septiembre de este año (consultas, quejas), escasamente el 1,24 % se corresponden con incidencias en el comercio electrónico, principalmente por faltas de entrega del producto, devoluciones, desistimientos o incumplimientos de plazos.

En el caso de las compras por Internet, el plazo de entrega no debe superar los 30 días naturales, salvo que se haya pactado otro distinto.

En caso de no haber sido entregado el producto o haberse prestado el servicio contratado, el consumidor y usuario deberá ser informado de esta falta de disponibilidad y deberá poder recuperar sin ninguna demora indebida las sumas que haya abonado.

Cuando haya un retraso injustificado por parte del empresario respecto a la devolución de las sumas abonadas, el consumidor y usuario podrá reclamar que se le pague el doble del importe adeudado, sin perjuicio a su derecho de ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en lo que excedan de dicha cantidad.

Además en compras por Internet el comprador tiene derecho a desistir en el plazo de catorce días naturales a contar desde la recepción del producto o la formalización del contrato y que el plazo de garantía es el mismo que si de un comercio tradicional se tratase.

También es necesario un consentimiento "expreso" para contratar y facilitar previamente al usuario por escrito la información relativa a costes, plazos, formas de pago y otras condiciones; y especialmente la información sobre el derecho de desistimiento, así como la entrega de un documento a estos efectos.

Desde el Gobierno de Aragón se recuerda que hay una amplia red de oficinas de información al consumidor de ámbito municipal y comarcal donde el usuario puede recibir la información pertinente.

También en las Asociaciones de Consumidores, en la propia dirección general de Protección de Consumidores y Usuarios y en los Servicios Provinciales de Ciudadanía y Derechos Sociales, teniendo a disposición de los aragoneses el teléfono gratuito de información al consumidor 900 12 13 14 y las redes sociales Facebook y Twitter en @ConsumoAragon.