Borrón y cuenta nueva. Con esa filosofía ha afrontado su mandato el nuevo consejo rector de la cooperativa agraria Virgen de la Oliva de Ejea de los Caballeros, una de las mayores de España con 2.500 socios y una facturación anual de unos 60 millones de euros. Así quedó patente en la asamblea extraordinaria celebrada el pasado lunes para repasar los asuntos más candentes que han marcado las últimas dos legislaturas, algunos de ellos rodeados de polémica debido, principalmente, a la ocultación de deudas millonarios por parte de los anteriores gestores.

Además de los casos ya conocidos, la nueva junta informó que ha detectado posibles irregularidades --que no se detallaron-- por parte del anterior encargado, que ha sido despedido, y de varios socios. Dichos casos están ahora en manos de los abogados de la cooperativa.

Desde que el pasado mes de octubre fuera renovada su ejecutiva, la cooperativa está presidida por Ignacio Mena, que desbancó en la votación al candidato oficialista. Los nuevos responsables reiteraron ante los cerca de 400 socios que participaron en la asamblea su apuesta por dar un giro de 180 grados a la gestión que se había llevado a cabo en la última década. Uno de sus principales objetivos es, según explicaron, "promover la transparencia y el diálogo con los socios" e intentar subsanar los problemas surgidos por lo que califican como un "mal gobierno" de los expresidentes José Antonio Alayeto (2002-2010) y Mariano López (2010-2014).

Sus mandatos se han visto ensombrecidos por la ocultación de impagados y posibles irregularidades contables. Las críticas hacia la gestión pasada fueron la tónica dominante en las intervenciones de los socios durante la asamblea, que se llevó a cabo en el teatro de la Villa.

TRIBUNALES

A este respecto, el consejo rector informó sobre los diferentes asuntos que están en los tribunales, como el recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número dos de Zaragoza sobre la gestión de Alayeto y el exgerente Miguel Cortés en un impago de 1,3 millones generado por un socio en concepto de gasóleo. El fallo judicial declaró negligente su actuación pero no consideró que fuera lo suficientemente grave como para exigirles el pago solidario del agujero económico causado por el transportista Óscar Dieste, que es lo que reclama la cooperativa con su recurso a fin de recuperar parte de la deuda sufrida a través del seguro que cubre la responsabilidad de los miembros del consejo rector.

También se aludió al juicio contra Agropecuarias Romeo, por otro impago de más de un millón de euros por la venta de cereales, así como a otros casos pendientes. No obstante, el consejo aseguró que ha logrado recuperar una parte importante de la morosidad global que arrastraba.