La Audiencia Provincial de Zaragoza ha dictado la primera condena por el agujero de la Caja Inmaculada (CAI), la desaparecida y emblemática entidad aragonesa que debido a su mala gestión acabó engullida por Ibercaja al absorber el grupo Caja3. Más de cuatro meses después de que terminara el juicio, la Sección Sexta de este tribunal ha condenado a cuatro años de prisión a Tomás García Montes, exdirector general de la caja entre el 2005 y el 2009; F. J. A. N. , antiguo responsable de la matriz inmobiliaria CAI Inmuebles en el centro y sur de España; y Ramón Marrero Gómez, abogado, empresario y exconsejero socialista de Empleo de la Junta de Andalucía, que se asoció con la entidad en los negocios del ladrillo en esa región del sur. Les impone esta pena por un delito de apropiación indebida agravada.

La sentencia, de 78 folios y a la que ha tenido acceso este diario, también les castiga con el pago de sendas multas de 3.600 euros a cada uno y de indemnizaciones por diversos conceptos que en conjunto rozan los 7 millones de euros (6.927.915), pero los absuelve de los delitos de administración desleal y estafa continuada. Además, la esposa de F. J. A. N. , María Ángeles Álvarez, es condenada igualmente como partícipe a título lucrativo y deberá abonar de forma solidaria con su marido 110.735 euros.

Este periplo judicial se inició hace más de cuatro años, cuando en octubre del 2012 el consejo de administración de la CAI presentó una querella contra estos exdirectivos, a los que responsabilizaba del quebranto económico ocasionado por tres asuntos concretos. El primero, un viaje privado realizado a Egipto por García Montes y sus familiares, cuyo coste (195.739,49 euros) fue pagado por la caja. El segundo, la compra de dos viviendas en el Puerto de Santa María (una para el exdirector general y otra para F. J. A. N. ) promovidas y administradas por la CAI, que fueron adquiridas con una rebaja del 50%. El tercer punto en discordia era la ruptura de la relación comercial pactada entre Marrero y la CAI.

Los hechos probados son que los tres, que crearon una «persistente ideación delictiva», se aprovecharon de su posición en la entidad para adquirir inmuebles a precios muy inferiores a los del mercado y conseguir créditos sin las garantías necesarias. Todo ello, causó un daño patrimonial a distintas sociedades dependientes de la extinta caja. Asimismo, se considera probado que Arcai, participada mayoritariamente por CAI Inmuebles, abonó parte del coste de un viaje de las tres familias a Egipto, cuyo importe total fue de 200.000 euros.

Gestión «opaca»

Sobre el acuerdo de la matriz inmobiliaria para la reestructuración del negocio y la deuda en todas las empresas en las que participaba Marrero, la sentencia estima que la operación se aprobó «a propuesta» de F. J. A. N. y «concertada» con García Montes «aún sabiendo que con ello causarían de forma consciente y voluntaria, un patente perjuicio económico a CAI Inmuebles». En este sentido, señala que no se tuvieron en cuenta «criterios objetivos», como el valor de mercado, sino «difusos, aleatorios y por tanto, muy sesgados».

El tribunal destaca también la «manera opaca y personalista con que García Montes ejercía su cargo», lo que generó «un amplio malestar» en el consejo de administración de la caja por la «falta total de transparencia» al «ocultar» a la cúpula «datos relevantes sobre su gestión».

En otro de los hechos probados, se apunta que tras la destitución de García Montes y F. J. A. N. , «que había sido la mano derecha» del primero «en todas las operaciones inmobiliarias realizadas por la CAI en el centro y sur de España», «aparecieron varias irregularidades efectuadas por ambos consistentes en obtener ventajas a su favor a costa» de la caja y sus filiales. Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.