Una subida del IVA, la rebaja del sueldo a los funcionarios públicos, la congelación de las pensiones, la subida de los impuestos a las rentas del Trabajo (IRPF) y una merma en la prestación de servicios públicos a consecuencia de los recortes. Todas estas medidas han recaído, principalmente, sobre las espaldas de las clases medias durante la interminable crisis económica. Mientras, la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas sumó 42.711 millones de euros en el 2009 (últimos datos disponibles), lo que representa un 71,7% del total del fraude fiscal en España. Las pymes y los autónomos añadieron otro 25,6%. En total, en el ejercicio 2009, la evasión fiscal sumó 59.515 millones de euros. Era solo el inicio de la crisis.
Sin embargo, "la tasa de fraude ha crecido en los dos últimos años, según nos comentan los compañeros", apunta el secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. "Cuando las empresas entran en crisis lo primero que dejan de pagar son los impuestos, luego a los proveedores y a los empleados y, finalmente, a las entidades financieras". Este es el último eslabón, del que depende el acceso al crédito. En la comunidad aragonesa, al menos, así ha ocurrido, tal y como reflejan las cifras de la Agencia Tributaria, en las que se apunta que la recaudación de Hacienda por fraude fiscal se disparó en 2009 hasta los 33,1 millones de euros. Solo un año antes, en el 2008, la cifra era de 'solo' 19,7 millones (ver gráfico)
La economía sumergida representa ahora entre el 20 y el 25% del Producto Interior Bruto (PIB), según los últimos informes de distintos organismos. En Aragón la tasa ha crecido en más de cinco puntos en la última década (del 20,1% al 25,5%).
El fraude tributario en España representa dos tercios de la economía sumergida, mientras que el resto corresponde a fraude laboral (retribuciones en negro, empleo irregular...). Así, entre la evasión fiscal y laboral sumaron en el 2009 unos 88.000 millones de euros, es decir, más el doble de lo que el Ejecutivo de Rajoy quiere recortar este año. Por tanto, si la cifra de economía sumergida se redujese al 12%, que es la que existen en el entorno europeo, España podría ahorrar 38.500 millones de euros. Casi los 40.000 previstos por el Gobierno.
Estos datos ponen de manifiesto el porqué de una de las preguntas más repetidas en los últimos años: ¿Quién paga la factura de la crisis?
CORRUPCIÓN Mientras esto ocurre, en el escenario político y público español se suceden los presuntos casos de corrupción que, indefectiblemente, van ligados al fraude fiscal. "El fraude fiscal lleva conduce a los casos de corrupción y éstos al fraude fiscal", apunta un experto consultado por este diario. En este sentido, Molledo subraya que detrás de los casos de corrupción política se esconde "el blanqueo de capitales para eludir responsabilidades sobre el origen del dinero", así como "asuntos de evasión fiscal".
Casos, todos ellos que llegan en un momento en que la atmósfera social está más caldeada que nunca. En pocas palabras, desde Gestha se tiene la sensación de que los ciudadanos "están pagando para paliar el volumen de evasión fiscal que existe en España". A pesar de ello, la recaudación más elevada de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude se elevó a 11.400 millones (10.043 millones en 2010), aunque el volumen de economía sumergida ha crecido en los últimos años. En concreto, según Mollinero, "hoy queda impune el 82% del fraude fiscal en España".
REPARTO DESIGUAL Otro hecho que denuncian los técnicos de Hacienda es que, desde la creación de la Agencia estatal Tributaria, la brecha fiscal con los empresarios no solo no se ha corregido, sino que ha aumentado entre seis y casi cuatro veces más respecto a los trabajadores y pensionistas. Tanto es así, que el secretario general de Gestha subraya que "los ciudadanos pagamos más impuestos de los que nos correspondería en esta crisis". Son los que se denominan defraudados por la crisis.
