La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional contra el expresidente de Catalunya Caixa, Narcis Serra, y otros 14 exaltos cargos, entre ellos el que fuera director general Adolf Todó, por un delito de administración desleal supuestamente cometido al haber causado un perjuicio de 720 millones en una quincena de operaciones inmobiliarias realizadas entre el 2000 y el 2007. Las irregularidades fueron detectadas por el FROB. Serra tiene pendiente otro proceso judicial por la aprobación de sobresueldos a directivos cuando la entidad registraba pérdidas.
La denuncia del fiscal Fernando Maldonado expone que durante ese periodo la caja de ahorros «ejecutó una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria» través de su filial PROCAM. Las inversiones no solo se hicieron en España, sino también en Polonia y Portugal.
En la mayoría de casos el «aval y fiabilidad» que desde la entidad se dio a esos proyectos se otorgó «confiando» en la palabra de los socios copartícipes de las inversiones, sin previos informes independientes y «sin el análisis exhaustivo de aspectos como la solvencia y capacidad de los asociados y su grado de implicación».
