El Gobierno de Aragón considera que, según la normativa vigente (Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre), «si el operador del sistema (Red Eléctrica de España, REE) considera que la continuidad de una central es necesaria para el sistema, el ministerio puede denegar la solicitud de cierre». Así lo señala el Ejecutivo autonómico -en referencia a la térmica de Andorra- en la carta que remitió ayer al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital con sus aportaciones a los procesos de consulta pública previa a la elaboración de sendas regulaciones del sector energético.

Entre otras cuestiones, la DGA también insta a que permanezca operativa la térmica de Andorra, ya que su mantenimiento es considerado «no solo oportuno, sino absolutamente necesario». El documento expone que la no continuidad de la central «supondría no solo la pérdida de una garantía de suministro para el sistema (...), sino también el cierre de una unidad de producción que tiene los recursos carboníferos a escasos kilómetros, sin depender por tanto de suministros de importación sujetos a posibles desabastecimientos», como ocurre con otras térmicas.

A ello se suma, se añade, «la gran repercusión que para la economía de toda la provincia tiene la actividad minero-eléctrica», que genera 3.500 empleos directos e indirectos.