El Gobierno de Aragón negociará la ampliación de su participación en la Feria de Zaragoza a través de la compra de una parte del 33%, valorada en 17,9 millones, que la Cámara de Comercio e Industria ostenta en la institución. La decisión fue adoptada ayer en Consejo de Gobierno y supone dar solución a los graves problemas financieros que atraviesa la cámara. No obstante, esta operación tiene que recibir el respaldo del resto de socios partícipes, entre los que se encuentran el Ayuntamiento de Zaragoza (11,15%), la DPZ (5,69%) e Ibercaja (3%). La DGA ostenta a día de hoy el 38,15% de las acciones y el 9% restante pertenece a la institución ferial, en concepto de autocartera.

Fuentes consultadas por este diario apuntaron que tanto el Gobierno de Aragón como la Diputación Provincial darían el visto bueno a elevar su participación, mientras que Ibercaja y el consistorio no lo contemplan como una opción de momento. Cuando se determine en qué modo otras instituciones incrementen su cuota, se fijará el porcentaje que va a adquirir la DGA, aunque la decisión podría tomarse la próxima semana, apuntaron desde del Ejecutivo autonómico. El portavoz del Gobierno, Roberto Bermúdez de Castro apuntó que esta operación tiene como objetivo "salvar" y "dar estabilidad financiera" a la Cámara de Comercio.

La cuantía a pagar por la compra de la participación de la cámara en la feria vendrá determinada por el reciente informe de valoración, que determina en 54.353.127 euros el patrimonio de los terrenos, construcciones, instalaciones y activos de todo tipo de la Feria de Zaragoza. Por tanto, una vez formalizada la ampliación, y si la DGA adquiriera el 33%, la cuota de dominio de la comunidad llegaría a un máximo del 71,15%.

El presidente de la Cámara y de la Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, dijo ayer a este diario que el objetivo de la institución es "vender el mínimo indispensable para solucionar los problemas financieros que atraviesa la cámara como consecuencia de la carga que supone el pago del IBI". En este sentido, recordó que el impuesto pasó de suponer 30.000 euros de coste a 750.000 euros al año. De este forma, la deuda acumulada por este gravamen supera ya los cuatro millones de euros.

La delicada situación económica de la Cámara de Comercio obligó a aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para toda su plantilla (46 trabajadores) durante cuatro meses. Desde entonces la DGA y la institución tratan de buscar una salida a este problema que, a día de hoy, solo pasa por la compra de una parte del porcentaje que la cámara tiene en la feria. La otra alternativa, la venta de patrimonio inmobiliario (los terrenos del Picarral y su sede) se ha descartado al considerar que la devaluación de estos activos por el desplome del mercado supondría "malvender" inmuebles.

TRANSPARENCIA

A preguntas de los medios, el portavoz del Gobierno, Roberto Bermúdez de Castro, admitió que en el caso de que la participación pública en la cámara supere el 50%, esta tendrá que adaptarse a la Ley de Contratos Públicos, así como a las normativas de transparencia. Esto obligaría a la entidad a someterse al control de la administración en determinadas políticas de contratación y adaptarse a las condiciones que rigen en otras entidades públicas.