El Gobierno de Aragón, junto al comité de empresa de la térmica de Andorra, solicitará el lunes una nueva reunión al ministro de Energía, Álvaro Nadal, ante el retraso que acumula la aprobación del decreto que debe regular los cierres de las térmicas en España. El ministro se comprometió a finales de mayo con la DGA a elaborar en un plazo de dos meses esta normativa para tratar de evitar que la central de Andorra baje la persiana en junio del 2020, tal y como tiene previsto hacer Endesa si no cambian las actuales condiciones regulatorias y de mercado.

La consejera de Economía de la DGA, Marta Gastón, lamentó ayer que este plazo se cumplió hace ya tiempo y dijo que, al menos, el ministerio «debería tener esbozado un borrador». «Ya estamos en noviembre y no hemos vuelto a saber nada del ministro desde el 24 de mayo, por eso creemos que es momento de pedir explicaciones», indicó ayer Gastón tras reunirse en la DGA con los miembros del comité de la térmica de Andorra.

Con esta cita, la socialista Gastón trató de apaciguar la última polvareda política surgida en torno al carbón después de que el futuro de la térmica volviera a ponerse en entredicho tras la aprobación en el Congreso de los Diputados -con los votos de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos- de una moción que anticipa al 2020 el cierre de todas las térmicas españolas. Como ya hizo la semana pasada, Gastón volvió a transmitir ayer al comité el apoyo inquebrantable de la DGA en favor de la continuidad de la central.

La iniciativa parlamentaria aprobada en Madrid pedía la retirada de los pagos por capacidad a las instalaciones industriales que superen emisiones de CO2. Este es el caso de la central de Andorra, piedra angular de un sector minero-eléctrico del que depende unos 600 empleos directos y varios miles más en mayor o menor medida. La petición de la Cámara Baja ha generado malestar en los municipios, trabajadores y sindicatos mineros, además de levantar ampollas en las filas socialistas de Aragón, Asturias y León, vinculadas al carbón.

Gastón insistió ayer en que esta moción «no cambia nada» porque, además, «no es vinculante». «Lo importante es que el ministerio apruebe el decreto», reiteró.

El presidente del comité de la térmica, Hilario Monbiela, reconoció que la iniciativa parlamentaria había generado «mucha inquietud» en el sector. «Sobre todo porque está pendiente el decreto y no queremos que esto influya en el ministerio y apruebe una norma descafeinada», indicó.

Endesa ya ha dicho que con el actual marco regulatorio no ve viable acometer la inversión próxima a los 200 millones que requiere la térmica para reducir sus emisiones y seguir funcionando otros 15 o 20 años.