Estaba cantada. Lo sabían el presidente del Gobierno, los sindicatos, los empresarios y casi toda la gente de la calle. Solo hacía falta poner fecha para la huelga general y se ha elegido el día 97 del Gobierno de Rajoy porque los sindicatos en pie de guerra no quieren entender de calendarios políticos. O precisamente por eso. No les quedaba otro remedio. La reforma laboral es muy dura (y hay una gran duda de que sea eficaz para el crecimiento económico y el empleo), reduce objetivamente los derechos laborales, la estabilidad en el empleo y la seguridad de los trabajadores en sentido amplio. Todo ello con el fin de potenciar la autonomía empresarial y la capacidad de supervivencia de las empresas. Además, el texto del PP limita considerablemente el poder sindical, sobre todo porque da gran primacía a los convenios de empresa sobre los sectoriales y territoriales, lo que reduce el margen de la negociación colectiva. Los sindicatos estaban obligados a sacar pecho y hacer una huelga general, puesto que la han convocado en otras ocasiones contra modificaciones más livianas. Argumentos los tiene. Otra cuestión es si social y económicamente tiene justificación ahora una huelga general. Los sindicatos son conscientes de lo que se juegan, pero los españoles deben de serlo también. Hay muchos derechos conseguidos durante muchos años atrás que van camino de la nada. Y antecedentes hay de que la calle ha dado vuelcos espectaculares a una sociedad. Si la opinión pública no se vuelca en apoyo de quienes imperturbablemente se enfrentan a un gobierno colocado ahí por los ciudadanos para salir del atolladero, los sindicatos seguirán avanzando hacia la relativa irrelevancia que ya han conseguido en otros países de nuestro entorno, como Gran Bretaña o Francia. Eso sería muy malo para nuestra sociedad, aún siendo conscientes de que los sindicatos han hecho muchas cosas mal y durante un tiempo jugaron a ser lo que no eran. Ni deben ser.
