Seis meses después de llegar a la entidad, Pedro Larena Landeta, hasta ahora consejero delegado de Banco Popular, dimitió ayer de su cargo y lo anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La marcha se produce el mismo día en que el banco informó que ajustará sus resultados del 2016 tras detectar un desfase de más de 630 millones. Ambas circunstancias han tenido un efecto demoledor en la cotización bursátil de la entidad financiera, que perdió más del 10% de su valor, hasta los 0,81 euros por título.
Larena fue fichado en el mes de julio del pasado año por el equipo liderado aún por Ángel Ron, cyyas cuentas sufrirán los ajustes detallados, si bien su incorporación se hizo en el último tramo del año. Larena llegó procedente de Deutsche Bank, en sustitución del cesado Francisco Gómez, pocos meses antes de que se procediera al fichaje del vicepresidente mundial de JP Morgan, Emilio Saracho, para presidir la entidad.
Estos cambios coinciden con el proceso iniciado por el recientemente nombrado presidente del banco, Emilio Saracho, que se propone limpiar los activos deteriorados del banco y buscar una solución de futuro para la entidad. Saracho, además, incorporó recientemente al exfinanciero de Telefónica Miguel Escrig como controller o número dos de facto del nuevo presidente.
La entidad no reformulará las cuentas del 2016, pero incluirá las correcciones que sean oportunas de forma retroactiva en los estados financieros del primer semestre, tras una auditoría interna de la cartera de crédito y de la ampliación de capital, según informó también ayer. No obstante, el banco presidido por Saracho aseguró que las desviaciones detectadas en cuatro aspectos puntuales de sus cuentas «en ningún caso» representan un impacto «significativo» en los datos del 2016.
En concreto, el auditor observó «insuficiencia» en determinadas provisiones constituidas respecto a riesgos que deben ser objeto de provisiones individualizadas, que afectarían a los resultados del 2016 y, por ello, al patrimonio neto, por un importe de 123 millones de euros. A ello se suma una «posible insuficiencia» de provisiones asociadas a créditos dudosos en los que la entidad se adjudicó la garantía vinculada a estos créditos que, estimada estadísticamente, ascendería, aproximadamente, a 160 millones de euros.
La auditoría ha detectado la «posible obligación» de dar de baja alguna de las garantías asociadas a operaciones crediticias dudosas, siendo el saldo vivo neto de provisiones de las operaciones en las que se estima que pudiera darse esta situación de, aproximadamente, 145 millones de euros, lo que podría tener un impacto, aún no cuantificado, en las provisiones correspondientes a esas operaciones.
Además, existen, según el informe de la auditoría, determinadas financiaciones a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital llevada a cabo en mayo del 2016, cuyo importe, si se verificara, debería ser deducido de acuerdo con la normativa vigente del capital regulatorio del banco, sin que tenga efecto alguno sobre el resultado ni el patrimonio neto contable de la entidad.
