La directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exministra de Finanzas durante el mandato de Nicolas Sarkozy, Christine Lagarde, será juzgada por el Tribunal de Justicia de la República por su papel en el caso Tapie.
Tras el rechazo de su recurso ante el Tribunal de Casación, Lagarde deberá responder por su presunta «negligencia» en el arbitraje a favor de Bernard Tapie. En el 2008, la entonces ministra de Economía aprobó, respaldada por el Elíseo, un proceso de arbitraje que concluyó con el pago de 404 millones de euros al empresario galo y que ponía fin al contencioso de Tapie con el banco semipúblico Crédit Lyonnais por la venta de Adidas.
Esta sospechosa sentencia de arbitraje fue objeto de una investigación penal por fraude y banda organizada. El 30 de junio, el Tribunal de Casación validó la anulación del «arbitraje Tapie», respaldando la decisión del 17 de febrero de 2015 del Tribunal de Apelación de París.
Los magistrados consideraron que la sentencia a favor del ex propietario del Olympique de Marsella estaba empañada por fraude. Las relaciones, «de mucho tiempo atrás, estrechas y repetitivas» entre el empresario galo, su abogado y uno de los tres jueces responsables del arbitraje, Pierre Estoup, sembraron las dudas sobre la imparcialidad de la sentencia.
La Justicia acusa a Lagarde, que asumió la cartera de Economía en junio del 2007, de un delito de «negligencia» en la utilización de fondos públicos. El Tribunal de Casación recrimina a la directora del FMI un comportamiento que «no procede de un descuido, sino de una combinación de faltas que, por su naturaleza, su repetición y su gravedad, van más allá de una simple negligencia».
La sentencia, publicada ayer, obliga a Lagarde a sentarse en el banquillo de los acusados. A pesar de que la máxima responsable del FMI no mantenía ninguna relación personal con los protagonistas del fraude, ni participó en la elección de los árbitros, el Tribunal considera que su decisión de evitar la justicia ordinaria y aceptar un proceso de arbitraje fue «inoportuna», «mal preparada» y «mal gestionada». La Agencia de Participaciones del Estado (APE), responsable de la representación de establecimientos y empresas estatales, habría reiterado en numerosas ocasiones su desacuerdo frente a este arbitraje. Así, Lagarde deberá responder ante la Justicia por su respaldo al polémico arbitrio, enfrentándose a una posible pena de un año de prisión y 15.000 euros de multa. H
