Los conocidos empresarios catalanes Sol Daurella, presidenta de Cobega (distribuidora de Coca-Cola en España), y Demetrio Carceller Arce, presidente de la cervecera Damm, así como otros cuatro directivos, serán juzgados por posibles delitos de estafa procesal agravada, administración desleal y contra los derechos de los trabajadores por la operación de compra de Cacaolat-Sali y el posterior cierre de la planta láctea en Utebo. La sección sexta de Audiencia Provincial de Zaragoza ha decretado la apertura del juicio oral, casi cuatro años después de que 56 extrabajadores de la factoría aragonesa se querellaran contra los máximos responsables de las tres compañías (Cobega, Damm y el fondo inversor Victory Corporate Turnaround) que adquirieron la empresa de batidos.

Es la tercera vez que este tribunal revoca la decisión de archivar el caso del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza -en las dos anteriores le ordenó reabrir la instrucción-. En un auto del 9 de abril, que es firme y contra el que no cabe recurso, la Audiencia Provincial considera «de manera indiciaria» que la oferta de compra de la terna empresarial «aparentó que se reflotaría» la planta de Utebo aunque «la intención era cerrarla» y concentrar la producción en Barcelona. A su juicio, por esta razón no se hicieron la mayor parte de las inversiones por cuatro millones de euros que los nuevos dueños se comprometieron a realizar ante el Juzgado de lo Mercantil que les adjudicó el negocio en el proceso de venta abierto tras la quiebra del anterior propietario, Nueva Rumasa, el polémico grupo de la familia Ruiz-Mateos. Esto pudo dar lugar a una «fraudulenta extinción» de los trabajadores que ahora deberá dilucidarse.

Los tres magistrados que dictan el auto consideran «que se elaboró una oferta de adjudicación, meridianamente clara, que no se cumplió, porque ya en su momento se sabía que era imposible». «Si se conocía la situación en la planta de Utebo, que estaba inactiva, también

debió de conocerse de antemano la nula posibilidad de recuperación de la misma, por lo que ese plan de inversiones se sabría previamente que era inviable», añaden en el escrito judicial.

Satisfacción en la plantilla / Los 56 extrabajadores, que presentaron la querella criminal en diciembre del 2014, y UGT Aragón, que ha elaborado el informe pericial, sostienen que la propiedad hizo una «dejación de su responsabilidad» de gestión en la fábrica de Utebo. Tanto los denunciantes -que están representados por el abogado penalista Eladio Mateo Ayala- como el sindicato expresaron ayer su «satisfaccións» con la decisión judicial y se mostraron «esperanzados» porque se abre un nuevo escenario cinco años después del cierre de la fábrica y el inicio de una batalla legal, con avances y retrocesos contra los responsables de las multinacionales que compraron Cacaolat.

Además de Sol Daurella y Demetrio Carceller, los querellados son Víctor Rufat García, director general de Coca-Cola Iberian Partners; Francesc LLuch Castellvi, director general del Cacaolat; Luis Victory de Sintas, administrador único de Victory Corporate Turnaround; y Jorge Villavecchia Barnach Galbo, apoderado mancomunado de Damm.

De los tres delitos a los que se enfrentan, destaca el de estafa procesal por ser «inusual y de enorme gravedad, ya que supone el engaño a la justicia», según fuentes de UGT. Igualmente el auto recoge que los responsables de estos hechos lo son también de las entidades afectadas.

Por todo ello, el tribunal considera que el procedimiento debe avanzar y pasar a la siguiente fase. La de instrucción comenzó el 3 de noviembre del 2015, donde fueron llamados a declarar, entre otros, Daurella y Carnicer, actuales copresidentes del Grupo Cacaolat.

Los extrabajadores de la fábrica de leche de Utebo se encuentran a día de hoy en diversas circunstancias profesionales y personales. Solo una decena de ellos ha logrado reengancharse en la nueva etapa industrial de la fábrica abierta por el grupo Samca, que compró las instalaciones en el 2015.