El Ministerio de Economía está estudiando un arbitraje para dar solución a los accionistas minoritarios que invirtieron en la salida a bolsa de Bankia en el 2011, después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo que respalda a estos pequeños inversores al entender que el folleto de la operación pública de suscripción (ops) de la entidad contenía "graves inexactitudes".

Así lo avanzó el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, en declaraciones a RNE, donde precisó que la vía del arbitraje "evitaría juicios para los minoritarios". "Economía está estudiando de forma previa tomar la iniciativa, como en el caso de las preferentes, para llegar a una salida ágil y rápida para los minoristas que compraron acciones en la salida a bolsa", indicó. Fernández de Mesa entiende que este modo de proceder puede suponer "un ahorro sustancial a los contribuyentes" en costas, intereses de demora y gastos de abogados de hasta de 500 millones de euros.

COSTAS ELEVADAS "Si se pone en marcha esta acción, los inversores van a poder cobrar de una forma más rápida y más ágil. Los gastos judiciales son muy elevados y si se pueden ahorrar, mucho mejor", destacó.

Existen demandas por suscripción de acciones contra la entidad por valor de 819,2 millones de euros con datos a 20 del pasado mes de diciembre, si bien Bankia cuenta con una provisión de fondos para hacer frente a este asunto de 1.840 millones de euros, según datos hechos públicos por la entidad. Bankia ya cuenta con 49 demandas de inversores institucionales por la salida a bolsa del banco en el 2011, "todas ellas por importes muy pequeños", según anunció el presidente del banco, José Ignacio Goirigolzarri, el pasado lunes. En la operación pública de suscripción se captaron cerca de 3.000 millones de euros: 1.800 procedentes del tramo minorista y unos 1.200 millones referentes al tramo institucional. De este, cerca del 50% vendió sus acciones en los primeros 30 días sin pérdidas.

Por su parte, la asociación de usuarios de cajas y bancos Adicae ha pedido que se tenga en cuenta a los representantes de los consumidores en el caso de que se lleve a cabo el proceso de arbitraje por la salida a bolsa de Bankia, y que se eviten "los déficits" que se dieron con las participaciones preferentes.