El intelectual aragonés Joaquín Costa decía que sin seguridad jurídica ni libertad, no hay riqueza. Con esta alusión, Francisco Serrano Gil de Albornoz, secretario general de Ibercaja Banco, abrió ayer en Zaragoza la jornada Justicia y Economía en España. Reflexiones sobre la Justicia como variable clave para el crecimiento económico, organizada por el Consejo General de Economistas, la patronal CEOE y la entidad financiera aragonesa. La sesión puso de manifiesto cómo el mal funcionamiento de la justicia española perjudica a la actividad, la inversión y el emprendimiento. Economistas y empresarios clamaron contra la «vorágine legislativa» del país y demandaron una mayor agilidad y eficiencia en materia judicial. El ministro del ramo, Rafael Catalá, que clausuró el foro, recogió el guante y prometió nuevas reformas -en materia hipotecarias y procesos concursales- y más inversiones para favorecer el progreso económico.

«El término eficiencia se debe incorporar al diccionario de términos judiciales», sentenció Pascual Fernández, decano del Colegio de Economistas de Madrid, quien señaló que el rendimiento de la justicia española está «más o menos» en la media de la Unión Europea, pero «por la parte de abajo», según la información estadística recopilada para un reciente artículo de la revista Economía aragonesa de Ibercaja.

Entre otros datos, apuntó que el plazo medio de resolución de conflictos civiles y mercantiles es de 264 días en España frente a 246 del promedio europeo. Y el gasto público en los tribunales de nuestro país es 27 euros por persona, lejos de los 50,4 euros de la UE. Fernández destacó asimismo la mala percepción que tienen los españoles sobre el funcionamiento de su sistema judicial: el 68% está poco o nada satisfecho. Y lamentó la elevada litigiosidad de los juzgados civiles y mercantiles, que registran del doble de asuntos que la media comunitaria.

Más financiación / «La justicia es un factor clave para la competitividad de la economía», concluyó el decano de los economistas madrileños, al tiempo que reclamó más recursos y financiación para este sector, así como una reorganización de los juzgados y tribunales bajo principios de eficiencia y fomentar la resolución de conflictos por vías alternativas.

Por su parte, José María Campos, director de Régimen Interno y Legal de CEOE, reclamó «legislar menos» pero «mejor» y reducir la «excesiva burocratización». También pidió mejorar la redacción de las normas para evitar interpretaciones contradictorias e impulsar la mediación extrajudicial. En la misma línea se expresó Fernando Callizo, presidente de CEOE Aragón, que denunció la «hiperregulación» de España, lo que supone «cargas burocráticas excesivas» y «limitadoras» para las empresas.

ley hipotecaria / El cierre de la jornada corrió a cargo del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que defendió en su discurso la promoción de reformas legislativas que se adapten a la realidad social y económica de España, que, a su juicio, ha sido capaz de revertir una situación «dificilísima» de crisis «no por el «viento de cola» de la economía mundial, sino gracias al «esfuerzo de muchos» y al compromiso reformista del Gobierno.

«Hacéis muy bien en reclamar» una mejor legislación, un marco normativo «más garantista y adecuado» al modelo de desarrollo económico de España, respondió el ministro a las demandas expuestas en este foro.

Catalá también señaló que «no estaría mal», como sugirió el aragonés Callizo, que cada vez que se aprobara una norma se derogara otra. Al respecto, apostó por promover reformas legislativas, como una nueva ley hipotecaria para fortalecer las garantías al consumidor y la confianza en el sistema financiero.