El sector eólico recibió ayer un vendaval de optimismo tras pasar cinco años en coma. Y todo ello gracias a la aprobación de un decreto, por parte el Gobierno de Aragón, que abre la puerta a tramitar, a partir de ahora, cualquier proyecto de parque eólico que se presente en la comunidad. Eso sí, autorizará solo aquellos que obtengan los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución por parte de Red Eléctrica Española u otros operadores. "No habrá más límites en Aragón que el propio territorio, el viento y los determinados por la capacidad de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica para absorber y evacuar la eléctrica generada desde fuentes eólicas", subrayó ayer la DGA.

El objetivo del Ejecutivo es posicionar a la comunidad como punta de lanza del sector eólico después de verse sumido en la incertidumbre y la inseguridad jurídica en el último lustro, como consecuencia de las más de 30 sentencias judiciales dictadas en contra del decreto 14/2010 del 22 de junio.

El desbloqueo de esta situación vendrá dado por la "ejecución de las resoluciones judiciales", lo que permitirá ofrecer un marco jurídico "estable y seguro" para todos los operadores del sector, apunta la DGA. El nuevo decreto habilitará la construcción de parques eólicos en Aragón, con una capacidad superior a los 2.000 megavatios, lo que abrirá la puerta a inversiones por valor de más de 2.000 millones de euros (un millón por megavatio), según apuntó ayer la consejera de Economía, Marta Gastón, tras la celebración del Consejo de Gobierno.

DOS MESES DE PLAZO

Fuentes de la DGA apuntaron a este diario que a finales del 2016 confían en que se hayan tramitado entre 800 y 1.000 megavatios, aunque todo dependerá de la voluntad de los promotores. En estos momentos hay en Aragón 81 parques con una potencia instalada de 1.878 megavatios. En cualquier caso, la normativa --aplicando los criterios que se derivan de las sentencias-- identifica los proyectos que podrán solicitar de inmediato su tramitación administrativa, viendo así protegida su concreta ubicación en el territorio frente a otros proyectos durante un plazo máximo de diez años.

Además, el decreto permite a los titulares de las instalaciones a las que se referían las resoluciones administrativas anuladas por los tribunales, impulsar sus proyectos, siempre que sean compatibles con los primeros, durante un plazo de dos años. "La promoción de todas estas nuevas instalaciones, además, se hará en el nuevo contexto regulatorio establecido por el Estado que, mediante el decreto-ley, se implanta con las debidas garantías de seguridad jurídica en Aragón". Finalmente, "podrán impulsarse también otros proyectos eólicos de generación, respetando los derechos de los proyectos beneficiados o afectados por las sentencias judiciales", apuntó ayer la DGA.

Este decreto será aprobado hoy en el BOA y entrará en vigor mañana jueves.

CONFLICTO DESDE 2011

El origen del conflicto y del bloqueo del sector parte del 2011, año en el que el Gobierno del PSOE-PAR convocó un concurso eólico por 1.200 megavatios. En el mismo se priorizaron 84 proyectos, lo que dio lugar a un complicado proceso judicial con 34 sentencias en contra del Ejecutivo. Esta inseguridad jurídica frenó las expectativas de inversión de los promotores, una situación que se ha prolongado durante un lustro. Un dato lo ilustra: de los 1.206,5 megavatios adjudicados en el 2011 solo se han desarrollado 13,96, apuntó ayer Gastón. Además, en el 2014 Aragón no sumó ni un megawatio en eólica. El balance de todo ello deja una pérdida de la mitad del empleo vinculado a esta actividad desde el 2008.