Como no podía ser de otra forma, Tomás García Montes, exdirector general de Caja Inmaculada (CAI) entre el 2005 y el 2009, defendió ayer su inocencia en su declaración como imputado por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal durante su gestión al frente de la entidad aragonesa. Aunque él se escabulló de la prensa, su abogado se encargó de transmitir sus opiniones: que la querella interpuesta por CAI --ahora Caja3-- "es una cortina de humo para orientar hacia él el descontento de los trabajadores por el ERE y el ajuste laboral" realizado en los últimos meses por la caja, y que la considera "una venganza" por haber ganado una demanda que obliga a la entidad a abonarle la pensión vitalicia pactada en su contrato (que asciende a 15.000 euros mensuales, calculada con el IPC del 2009).

Antes del exdirector general de CAI, en el Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza también compareció Ramón Marrero, abogado, empresario y exconsejero socialista de la Junta de Andalucía. Es el segundo de los tres querellados junto a Javier Alfaro, que fue responsable de CAI Inmuebles en la zona centro y sur de España y que declaró el martes, cuando defendió la gestión desempeñada en la entidad y situó las operaciones bajo sospecha dentro de la normalidad. Esta tanda de declaraciones se produce en el marco del proceso abierto tras la admisión a trámite, en octubre del 2012, de la querella presentada por la CAI contra algunos de sus exdirectivos.

VIAJES Y PISOS En la misma se denunciaba un viaje privado realizado a Egipto por García Montes, cuyas facturas fueron pagadas presuntamente por la entidad. Además, en la querella se apuntaba a la compra de dos pisos (para Montes y Alfaro), cuya promotora y administradora era la caja de ahorros y que pudieron adquirir con una rebaja del 50%. Asimismo, se denunciaba un crédito que CAI concedió a Marrero, del que se libró aportando un inmueble cuyo valor real estaría muy por debajo del que se tasó para cerrar esa operación.

Durante algo menos de una hora, García Montes contó ante la jueza "la realidad", según calificó su letrado, Esteban Mestre. "Tanto él como Marrero han justificado todas las operaciones que se cuestionan y han aportado más de 200 folios demostrando que la caja conocía todos los hechos antes de presentar la querella, así como decenas de nombres de personas dentro de la entidad que lo sabían todo", explicó. En cuanto a los pisos, afirmó que "se compraron con préstamos autorizados por los auditores de la caja". En este sentido, García Montes aseguró que "otros seis directivos de CAI", entre los que nombró a Luis Calvera, también contaron con las mismas facilidades (descuentos del 50%) en la adquisición de viviendas en la costa andaluza.

INDIGNACIÓN La declaración de García Montes soliviantó "hasta límites superlativos" a los representantes de la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), que ejerce la acusación popular en el proceso. Entre otras cuestiones, indignó su relato acerca del mencionado viaje a Egipto. "Consideraba normal gastarse 200.000 euros durante una semana de vacaciones, dinero que pagaron empresas vinculadas a CAI Inmuebles cuando ya tenían pérdidas", señalaron fuentes de CIC.

Por su parte, desde Caja3 (a la que pertenece CAI junto a Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz) no quisieron hacer una valoración de las declaraciones efectuadas ayer ante la jueza "porque la causa está en fase de instrucción", y condicionaron al resultado final de esta la posibilidad de realizar futuras manifestaciones.