Desde que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pronunció en una reciente entrevista en TVE el pasado 10 de septiembre la frase: "Si hay algo que no tocaré son las pensiones; a las personas a las que no se debe perjudicar de ninguna manera son los pensionistas", no han dejado de asomar distintos planes del Ejecutivo para reducir este capítulo del gasto público. El asunto es que no solo se trata de un recorte concreto en una situación determinada para superar un bache de ingresos. Es una reforma que vuelve a poner patas arriba las reglas de juego aprobadas hace un año, antes incluso de que entren en vigor.

Los cambios en los que trabaja el Ejecutivo conservador van en una doble dirección: rebajar la cuantía de las prestaciones sociales y alargar la edad de jubilación de los trabajadores. Para ello deberá dar dos pasos decisivos. Por una parte, renunciar, como parece probable, a la vista del último dato del índice de precios de consumo (IPC), a la revalorización automática para compensar la subida del coste de la vida. Por otra parte, justificar que la esperanza de vida en España desborda de tal manera la capacidad de sufragar el gasto por parte del Estado que no hay más alternativa que acelerar la entrada en vigor de la edad de jubilación en los 67 años.

MENOS COTIZANTES El encarecimiento de la factura de las pensiones es un hecho incontestable. A ello contribuye la bajada del número de cotizantes a la Seguridad Social por el aumento del paro y el incremento sostenido del número de pensionistas con derecho a unas rentas cada vez más altas. En la actualidad, se calcula que hay 1,8 cotizantes por cada pensionista. Como las perspectivas de creación de empleo a corto y medio plazo son tan negativas, el Ejecutivo necesita poner en marcha una medida de choque para cortar la sangría del gasto.

El llamado "factor de sostenibilidad", al que alude el Gobierno, es un eufemismo tras el que se esconde el aumento de la esperanza de vida, que se fija para los hombres en 78 años y para las mujeres en 83 años. El Gobierno tiene en consideración estos datos así como los estudios sobre la repercusión que tendría ampliar los años cotizados (hasta 40 o más) para calcular la cuantía de la pensión.

La Unión Europea (UE) no ha mostrado ningún camino concreto para mantener la solvencia y durabilidad el sistema de pensiones, como pudiera parecer a la vista de una de las medidas que baraja y que gusta a sectores empresariales y expertos más entusiastas con las desregulaciones: desvincular la subida de las pensiones del índice de precios (IPC) y buscar otros parámetros "más fiables" para fijar la evolución del coste de la vida.

CAMBIOS EN LA LEY Para ello habría que reformar el artículo 48 de la ley general de la Seguridad Social, que establece la revalorización automática de las pensiones "al comienzo de cada año en función del IPC previsto". Si este índice subiera por encima de la previsión, las pensiones se actualizarán en una sola paga antes del 1 de abril del año siguiente, medida que se fijará en los presupuestos del Estado correspondientes.

Además de buscar otras fórmulas para determinar la cuantía anual de las pensiones, el Ejecutivo podría optar por la congelación de estas rentas para el próximo año. Ya lo tuvo que hacer José Luis Rodríguez Zapatero en el 2010 para el ejercicio presupuestario del año siguiente, y la medida le costó toda clase de reproches y condenas por parte del PP, inmerso en ese momento en una estrategia preelectoral de desgaste. Aún hace un par de semanas la ministra de Empleo, Fátima Báñez, arrojaba a la cara de los socialistas desde la tribuna del Congreso que fuera el partido que ha rebajado las pensiones en España.

Si finalmente el Gobierno decide atrasar la nueva edad de retiro a los 67 años, España sería uno de los países (o casi el único) de la Unión Europea con una jubilación más tardía. El objetivo es aumentar la edad real de retiro, aunque ya se ha conseguido acortar distancias en los últimos años.

A la tesis de la congelación se sumó esta semana el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la etapa de José María Aznar, Manuel Conthe, que la circunscribió a la contribución de los pensionistas al "esfuerzo de ajuste".

RENTABILIDAD El esfuerzo de cotización de los españoles para tener una pensión digna ha aumentado en los últimos años, pero España sigue siendo uno de los países europeos en los que el complemento de un plan privado es menor, entre otras razones, por su escasa rentabilidad. El Instituto Aviva señala que el déficit de ahorro (la diferencia entre la media de ingresos de los trabajadores cuando se jubilen y lo que deberían recibir para mantener el mismo nivel de vida) alcanza en España los 170.000 millones de euros, el 16,2% del (PIB).