Las comercializadoras eléctricas solo deberán cofinanciar el bono social (descuento para los usuarios más vulnerables) de aquellos hogares en los que las autonomías o ayuntamientos hayan decidido pagar el 50% del recibo. En estos casos, que entrarán dentro de un nuevo perfil de «hogar vulnerable severo», será a su vez en los que el suministro será declarado esencial no podrá cortarse. Así lo establece el borrador de reglamento sobre el bono social, que el Ministerio ha remitido a las autonomías.
El enfoque recogido en el texto garantiza a las compañías comercializadoras que solo deberán cofinanciar estos descuentos cuando cobren al menos la mitad de la deuda; y evitar los cortes de suministro en los casos más extremos, según afirman los expertos consultados por este diario.
El proyecto de borrador establece un «mecanismo más eficiente, basado en criterios de renta familiar, para que sea más accesible y refuerce la protección de los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social», según el ministerio.
En su configuración actual, el bono social consiste en un descuento del 25% en la factura de la tarifa regulada o precio voluntario del pequeño consumidor (PVPC) de unos 2,4 millones de usuarios. Son esencialmente hogares con menos de tres kilowatios (kW) de potencia contratada, pero también incluye, por ejemplo, familias numerosas, sin límites de renta.
