La empresa explotadora del Castor niega vinculación entre la planta y los seísmos

Así lo ha asegurado a los medios el representante de la acusación popular ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica, Jorge Casal, tras la declaración de del Potro ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del proyecto Castor.

Del Potro ha declarado este lunes en calidad de imputado ante el juzgado como responsable de la empresa explotadora de la planta y ha declinado hacer declaraciones a su salida, donde ha sido recibidos con pitos por parte de una veintena de miembros de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia.

Según el letrado de Arca Ibérica, del Potro ha puesto además en entredicho los informes del Instituto Geológico Minero de España, que tras los seísmos vincularon directamente la actividad de inyección de gas con los más de 300 seísmos producidos en septiembre del 2013.

EVALUACIÓN "ERRÓNEA"

Para el responsable de Escal, los técnicos del IMGE evaluaron "erróneamente" los datos porque, a su juicio confundieron el caudal de la inyección con el volumen.

Según la acusación particular, para Recaredo del Potro los seísmos registrados frente a las costas de Vinaròs se debieron a una "sismicidad natural", una "coincidencia en el tiempo entre los movimientos sísmicos y la actividad de inyección de gas".

Ha "eludido cualquier tipo de responsabilidad de la empresa", ya que desde el primer momento la mercantil "hizo los estudios de sismología que le habían requerido de forma exhaustiva".

El responsable de Escal, según el letrado de la acusación popular, ha asegurado ante el juez que los estudios que barajaban "se centraban única y exclusivamente en la falla de Amposta" y ha recalcado además que "no podían tener conocimiento de la existencia de otras fallas".

En cuanto a la repercusión de la actividad de inyección, del Potro ha manifestado que "la aportación de gas a la energía que desplegaban los seísmos era de una milésima parte, por lo tanto mínima y nada que ver" con ellos.

Del mismo modo ha sostenido que había un "perfecto conocimiento" de todos los movimientos por parte del Ministerio y de la Red Nacional de Alerta Sísmica, cuyo director le dijo que "por la magnitud e intensidad de los sismos no había el más mínimo riesgo para las personas".

Ha subrayado que la intensidad que registraron los seísmos, que se situaron en torno a los 3 grados en la escala Richter, "excluye cualquier tipo de riesgo para las personas" y que los temblores percibidos en las costas castellonenses fueron "equivalente a las vibraciones que experimenta la fachada de un edificio cuando pasa un camión por delante".

Ha relatado también que las únicas medidas que se llevaron a cabo cuando se produjeron los primeros seísmos fue "el seguimiento de los mismos, la comunicación al ministerio y a la red nacional de alerta sísmica y nada más".

Según el directivo de Escal, "en ningún momento cesó la actividad" de la empresa, que se mantuvo hasta el 16 de septiembre de 2013 "cuando cesó como estaba programado, sin recibir indicación ni instrucción alguna".

DENUNCIA

Por su parte la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha anunciado que presentará una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para pedir "la suspensión de los efectos perjudiciales que supondrá la entrada en vigor de la repercusión tarifaria que impone en Real Decreto de indemnización a favor del proyecto y de Escal".

Este martes declarará -también en calidad de imputado- José Luis Martínez Dalmau, consejero delegado de Escal UGS.