Endesa apuesta por la descarbonización de la economía, lo que requiere la sustitución progresiva de las térmicas -como la de carbón de Andorra, de su propiedad- por instalaciones renovables. No obstante, la considera que «para evitar situaciones de riesgo de suministro, presiones sobre los precios y efectos no deseados sobre las zonas afectadas», esa transición debe realizarse de «manera ordenada». Es lo que aseguró ayer el consejero delegado de Endesa, José Bogas, durante la junta de accionistas de la compañía, que deja así abierta la posibilidad de que la central turolense no se clausure finalmente en el 2020.

Pero la eléctrica sigue oficializar qué hará con las térmicas del carbón, a las que dedicará «solo los recursos indispensables para asegurar su compatibilidad ambiental durante el tiempo en el que sean necesarias», dijo O.

El consejero delegado de Endesa cree que la lógica transición hacia energías limpias requiere prudencia para evitar situaciones de riesgo de suministro energético. Por ello, el directivo defendió que para cumplir con los denominados Acuerdos de París de protección medioambiental del planeta es «imprescindible la extensión de la operación de las centrales nucleares hasta los 50 o 60 años», al igual que han hecho diversos países del entorno de España.

En la misma línea se manifestó el presidente de la compañía, Borja Prado. El máximo responsable de la empresa dijo que Endesa no va a cerrar ninguna planta que pueda afectar al precio de la electricidad y a la seguridad del suministro, aunque deberán ser también rentables. Prado, tras la junta de accionistas, advirtió de que «lo que haya que hacer, la compañía lo hará ordenadamente».

Sobre el informe sobre transición energética de la comisión de expertos, Bogas dijo debe constituir «un importante punto de referencia».