El posible cierre de la térmica de Andorra va camino de convertirse en un culebrón informativo, donde cada parte juega sus bazas. El consejero delegado de Endesa, José Bogás, aseguró ayer a la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, que la compañía y su matriz italiana Enel no han tomado una decisión definitiva al respecto y que todavía hay margen para lograr la prolongación de la vida útil de la central turolense si el Gobierno central tiene voluntad.
Así lo aseguró ayer Gastón al término del encuentro que mantuvo en Madrid con el máximo directivo de la eléctrica española, que le aseguró que en la junta de accionistas de Enel que se celebró la semana pasada en Roma -en la que este ejecutivo estuvo presente- no hubo ninguna «comunicación oficial» ni «tajante» sobre la decisión de clausurar la térmica turolense en el 2020. «En ningún caso hubo una determinación a cerca del cierre», apuntó la consejera aragonesa en base a lo que le explicó Bogás. A pesar de ello, Gastón se mostró preocupada por el futuro de esta instalación energética, cuyo anuncio de cierre cree que puede acabar produciéndose «si no hay movimientos del Gobierno central, que es lo que Endesa echa de menos». «Somos realistas. Los tiempos están marcados y los plazos siguen apremiando», agregó.
Según fuentes de Endesa, el consejero delegado, José Bogás, reiteró a la consejera lo anunciado en noviembre del 2016 en la presentación del plan industrial de la compañía, es decir, que la empresa «no puede abordar las inversiones en el actual contexto regularlo y del mercado».
Gastón indicó la alternativa que baraja la empresa para asegurar la viabilidiad de esta planta es que el Gobierno la declare como «reserva estratégica» para la garantía de suministro del país, una fórmula ya utilizada por Alemania para sus minas de carbón con la que se podría conseguir el visto bueno de Bruselas a que reciba fondos públicos sin la consideración de ayudas de Estado. Es una posibilidad con la que se viene especulando desde el 2015, pero Gastón lamentó que al Gobierno de Rajoy le ha faltado «voluntad», para defender este sector, algo que aún es «remediable».
«Todas las posibilidades pasan por la voluntad del Gobierno de España. Es quien puede ir a Bruselas y hacer ese trabajo. No es cuestión de ladear de un lado a otro la pelota», señaló Gastón.
Con los mensajes transmitidos ayer al Gobierno de Aragón, Endesa parece tratar de calmar los ánimos y suavizar la alarma surgida en las zonas que viven del carbón nacional tras conocerse la comunicación que Enel hizo por escrito al Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) en dicha junta de accionistas en relación al futuro de las dos térmicas que tiene en España. Según el documento, al que ha tenido acceso este diario, la respuesta textual de la compañía italiana a la citada oenegé fue la siguiente: «Como ha comunicado Endesa en el transcurso de la presentación del Plan Industrial 2017-2019, no se han planificado inversiones de adecuación ni ajustes a la normativa IED para las plantas de Teruel y Compostilla. Como consecuencia, tales plantas, en base a la normativa ambiental vigente y teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado, deberán ser cerradas antes del 30 de junio de 2020» (ver el documento en la parte inferior de esta página).
Críticas de Nadal a Enel
Este asunto provocó fuertes reacciones de la clase política y los sindicatos. Incluso, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, acusó a Enel de favorecer a Italia «a costa de los españoles». Ayer, Bogás si dejó la puerta abierta a que eso pueda ocurrir. Es más, como muestra de sus intenciones, el consejero delegado de Endesa explicó a Gastón que el coste de la inversión se había reducido de una horquilla inicial de entre 200 y 230 millones de euros a unos 180 millones.
«Más que el número en sí el gesto con el que nos hemos quedado es que Endesa sigue insistiendo en ajustar costes para tratar de acometer esas inversiones», subrayó la consejera, que urgió al Gobierno central a «que por una u otra vía se pongan ya manos a la obra». «Los tiempos van en contra de la central de Andorra y de la supervivencia económica de gran parte de la provincia de Teruel», advirtió.
Endesa también detalló en la reunión que para cerrar la térmica de Andorra tiene antes que pedir la autorización del Gobierno de España e informar de ello también al Ejecutivo aragonés, igual que en el caso de una central nuclear, algo que no se ha producido.
