El grupo Enel, propietario de Endesa, ha eludido dar fechas sobre el cierre de las centrales térmicas de carbón nacional de Andorra y Compostilla (León) en su junta de accionistas celebrada el pasado jueves en Roma. En las respuestas por escrito dadas a dos organizaciones ecologistas (IIDMA y Re:Common), la compañía señala que no ha tomado «una posición definitiva» sobre este asunto y que «respetará siempre la legalidad vigente».

Enel sostiene que todas las decisiones de cierre «estarán sujetas a estudios y análisis que se realizan continuamente», según informan en un comunicado el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) y la organización italiana Re:Common.

Sin embargo, la compañía señala que el vigente plan de Endesa no prevé inversiones en Andorra ni en Compostilla, algo que es necesario para la continuidad de estas instalaciones a partir del 2020. Ambas térmicas deben reformarse para cumplir con la normativa medioambiental europea que restringe los gases contaminantes, mediante la instalación de sistemas de desnitrificación.

En la junta de accionistas del 2017 Enel respondió a estas grupo ecologistas que cerraría ambas centrales en el 2020. El Ministerio de Energía reaccionó con un borrador de real decreto para impedir la desaparición de estos complejos energéticos, iniciativa que ahora se ha transformado en una proposición de ley presentada por el PP en el Congreso. Según IIDMA y Re:Common, las recientes declaraciones del consejero delegado de Endesa, José Bogas, «dejan la puerta abierta a que estas centrales continúen operando si se adoptan nuevos pagos por capacidad».

«Las respuestas de Enel acerca del cierre de las centrales de carbón de Endesa en España son esquivas, mostrando una ausencia de un claro compromiso en la lucha contra el cambio climático y la mejora de la salud», a juicio de IIDMA y Re:Common, que cuestionan la política climática del grupo italiano.