Las entidades sociales catalanas y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) han cuestionado el contenido de la intervención de este jueves en el Parlament de Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa, porque "la empresa no ha asumido ningún tipo de responsabilidad en la muerte de la anciana de Reus". Rosa P.V., de 81 años, falleció el pasado noviembre en un incendio causado por una vela con la que se alumbraba por tener la luz cortada desde hacía dos meses por impago.

Las organizaciones rebaten las argumentaciones de Gas Natural y le exponen sus exigencias: "Cumpla la ley, deje de cortar la luz a las personas vulnerables y colabore económicamente en la lucha contra la pobreza energética firmando el convenio con las instituciones". María Campuzano, portavoz de la APE, ha vuelto a insistir en que se aplique "una sanción ejemplar de un millón de euros a la suministradora por el caso de Reus". Campuzano ha recordado la importancia de que las compañías comuniquen a Servicios Sociales los cortes por impago. Estima que "el 80% de los casos de impago son de personas que no han recurrido a estos organismos". Por ello, precisa Campuzano, es "esencial aplicar el principio de precaución y que se dé visibilidad a todos estos casos".

SIN RESPUESTA

Oriol Illa, presidente de la Taula del Tercer Sector, que agrupa a cerca de 3.000 asociaciones, se ha mostrado decepcionado por la comparecencia de Villaseca en el Parlament "al no reconocer que pese a la ley se hacen cortes de suministro". Illa, que ha calificado de "poco rigurosas" las explicaciones del consejero de la gasística, porque además de "huir de las responsabilidades que tiene la empresa no dan respuesta a las cerca de 645.000 personas que sufren pobreza energética en Cataluña".

El presidente de la entidad ha criticado "la incompatibilidad que existe entre los intereses empresariales y los generales" y ha reclamado a las diferentes administraciones "instrumentos, leyes y nuevas formas de organización empresarial para garantizar los suministros a los más vulnerables".

El combate contra la pobreza energética se libra en varios frentes. El Ayuntamiento de Barcelona acaba de poner en marcha 10 puntos informativos para asesorar a los usuarios en caso de pobreza energética. Las oficinas también informarán sobre las medidas que deben tomar para que las empresas no corten los suministros. Mientras, las suministradoras, "salvo Gas Natural", según la APE, ya han comenzado a entregar a la Administración desde principios de enero la información exigida con los cortes de luz previstos y las trámites realizados antes de ejecutarlas, según han confirmado fuentes de la Conselleria d'Empresa.

Del aumento de la pobreza energética también se ha hecho eco el último informe del Síndic de Greuges, entregado el pasado miércoles en el Parlament de Cataluña. El listado de quejas contra las empresas suministradoras de servicios básicos la acaparan las eléctricas con 358 reclamaciones, 335 de las cuales contra Endesa. Además, durante el año pasado se produjeron otras 105 contra Gas Natural.