El ERE de Ibercaja consume sus últimos días de negociación --el plazo expira el 9 de mayo-- aunque las dudas sobre un posible acuerdo son cada vez mayores. Aparentemente, un abismo separa los planteamientos de la dirección y los sindicatos, tal y como se evidenció ayer. Incluso, algunos representantes de la plantilla no descartan ya convocar movilizaciones (hay quien plantea encierros) o judicializar el ERE. Palabras mayores.

No obstante, la reducción de 549 empleos y el cierre de 160 oficinas está teniendo un importante eco en Aragón, Extremadura y Burgos, principales territorios afectados por el ERE. Ayer mismo, los seis grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Aragón aprobaron una proposición no de ley en la que se solicitó a Ibercaja alternativas al ajuste laboral «que no supongan la destrucción de puestos de trabajo». También mostraron su apoyo a los trabajadores.

En Burgos, el presidente de la Diputación, César Rico, ha comprometido su apoyo a la reivindicación de los trabajadores, a través de una declaración institucional que se aprobará previsiblemente hoy en pleno. El asunto también llegó a Extremadura, que se debatió en sesión plenaria. En la misma, la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Pilar Blanco-Morales, reconoció que el ERE no está justificado. Mientras, el portavoz de Hacienda del PP en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón, denunció que Ibercaja Banco «pasa» de Extremadura, pues las repercusiones del ERE «castigan» más a esta región.

Mientras el malestar crece por momentos en determinados territorios, la negociación apenas avanza, encallada por tres cuestiones clave: a partir de qué edad se ofrecen salidas voluntarias, qué indemnizaciones percibirán quienes se acojan a ellas y cómo se van a articular los traslados.

Condiciones económicas

Ibercaja ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se puedan acoger al ERE los empleados que hayan cumplido 57, 58 y 59 años, lo que, según los sindicatos, sería insuficiente para que todos lo hiciesen por la vía de la voluntariedad. Para ello, sería necesario ampliar el ERE a los trabajadores de 55 y 56 años.

Respecto a las indemnizaciones, el banco ofrece el 75% del salario neto, lo que resulta «insuficiente» para los sindicatos, dado que es una entidad sin problemas económicos y que no ha tenido que ser rescatada. Este argumento es el que utilizan UGT y CGT para solicitar la retirada del ERE. La entidad reduce esta cuantía al 70% para los empleados de 57 años. Estas cantidades no son suficientes, según los sindicatos, para estimular las bajas voluntarias.

Los traslados «forzosos» de una dirección territorial a otra para cuadrar el puzzle de Ibercaja es otro de los grandes escollos, ya que muchos de ellos pueden acabar en despidos, argumentan los representantes de los trabajadores.

En cualquier caso, para que haya acuerdo el día 9 se necesitará una mayoría sindical y CCOO puede jugar un papel relevante, ya que UGT ya no firmó el anterior ERE que se cerró en mejores condiciones. CGT tampoco parece dispuesta.

Dirección y sindicatos se han citado para el día 8, jornada en la que también tendrá lugar una asamblea de trabajadores en el centro Pignatelli, promovida por UGT, CCOO, CGT, Csica y ACI.