España suspendió desde la medianoche de ayer hasta el próximo viernes el Tratado Schengen que permite la libre circulación de personas en los países de la Unión Europea con motivo de la celebración en Barcelona de una reunión del consejo de gobierno del BCE el 3 de mayo. Desde las 00.00 horas de este sábado hasta las 24.00 del día 4 de mayo, se refuerzan las fronteras con Francia en los pasos de La Jonquera, Portbou, Puigcerd, Camprodon, Les y Canfranc, y se potencian las fronteras aéreas de los aeropuertos de Girona y Barcelona, para preservar la seguridad y evitar la entrada de violentos.
El objetivo es evitar la llegada de personas que tengan la intención de reventar la reunión, generando disturbios y destrozos como los que ha sufrido Barcelona en las últimas concentraciones, como la de la huelga del 29-M.
GRAN DESPLIEGUE Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional trabajarán conjuntamente para garantizar la seguridad, con más de 4.000 mossos y 2.000 policías y guardias civiles. Habrá dos centros de coordinación, uno estatal en la Delegación de Gobierno y otro en la Consejería de Interior de la Generalitat. El primero se encargará la seguridad de los edificios donde se celebre la reunión y otros puntos de interés estatal, y el segundo se centrará en los temas de orden público y seguridad ciudadana.
El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y el consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, serán los encargados de dirigir el operativo. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, subrayó esta semana la importancia de que Barcelona, Cataluña y España transmitan una imagen "de seguridad y convivencia pacífica" al mundo.
Este dispositivo tratará de hacer frente a movilizaciones por parte de colectivos radicales que puedan llegar también de otros puntos de Europa, ante la presencia del máximo órgano rector del BCE, formado por seis miembros del Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales de cada país de la zona Euro.
MALESTAR CIUDADANO algunos colectivos ya han expresado su malestar por la limitación de derechos ciudadanos por la suspensión del Tratado de Schenguen. El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, afirmó ayer que interrumpir temporalmente el acuerdo de Schengen para evitar la entrada de violentos en el país es de "Estado democrático miope".
Según el secretario general de UGT, Cándido Méndez, el Ejecutivo muestra "un principio de autoridad" de etapas anteriores para "desmoralizar a la población".
