La Eurocámara quiere un sistema de homologación de vehículos mucho más robusto, que garantice un mayor control sobre aquellos modelos ya en circulación en las carreteras europeas, que dé más poderes al Ejecutivo comunitario para verificar que los Estados miembros hacen su trabajo y que permita imponer sanciones más duras a aquellos fabricantes que falsifiquen los resultados de los test de emisiones. Es su respuesta al escándalo del dieselgate, destapado en septiembre del 2015, y la postura que intentarán imponer ahora a los gobiernos europeos.
El proyecto de ley, que ha salido adelante en el pleno con 585 votos a favor, 77 en contra y 19 abstenciones y apoya las intenciones de la Comisión Europea, será la posición que defenderá la Eurocámara ante el Consejo, la institución que representa a los Estados miembros, durante la tramitación de las nuevas reglas para evitar que se repitan escándalos como el de los dispositivos fraudulentos instalados en 9 millones de vehículos Volkswagen en Europa.
El mecanismo planteado desde la Eurocámara pretende obligar a los gobiernos a aumentar los controles sobre laboratorios y autoridades responsables de comercializar nuevos vehículos; a examinar cada año al menos el 20% de los nuevos modelos de coche comercializados en el ejercicio previo; y, en el caso de que los fabricantes falsifiquen resultados, a imponer multas de hasta 30.000 euros por vehículo, unos ingresos que proponen utilizar para apoyar la vigilancia del mercado y proteger el medio ambiente.
NUEVAS RECOMENDACIONES / La aprobacion de las reglas coincide con la adopción de las recomendaciones de la comisión de investigación creada hace un año para investigar el escándalo Volkswagen. Un informe muy crítico con la actuación de Bruselas y de los gobiernos de la UE.
En sus nuevas recomendaciones exigen a los fabricantes compensar a los compradores de los vehículos afectados e instan a la Comisión Europea para que proponga normas para permitir demandas colectivas ante la justicia.
