Seis años después de que se destapara cómo la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) falseó sus cuentas para ocultar unas pérdidas que le impedían unirse a otras cajas y que permitieron que sus directivos fueran indemnizados con pagas de beneficios, planes de pensiones, prejubilaciones y otros privilegios que no les correspondían, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzó ayer a juzgar a quienes eran sus responsables en los años 2010 y 2011.

El turno para los acusados llegará hoy, después de que el tribunal presidido por Ángela Murillo resuelva las cuestiones previas planteadas por las defensas, que básicamente se centraron en si los titulares de cuotas participativas de la entidad tienen derecho o no a ejercer la acusación en este procedimiento. La cuestión no es baladí, porque la acusación que les agrupa solicita penas de 16 años de prisión para cada uno de los ocho exdirectivos que se sientan en el banquillo, una petición que dobla la más alta formulada por Anticorrupción.

El fiscal Luis Rodríguez Sol centró el objeto del juicio en que las cuentas del 2010 y las intermedias del 2011 «no reflejaban la realidad» de la entidad, porque ocultaban que «se habían producido pérdidas» y sostuvo que solo los titulares de cuotas participativas adquiridas en ese periodo que las mantuvieron con posterioridad puedan ejercer la acusación en el juicio, porque fueron los perjudicados por «la intervención de los antiguos administradores». Según los peritos, esgrimió, las cuentas del 2007, el 2008 y el 2009 no fueron susceptibles de causar perjuicios, por lo que no se puede tener como perjudicados a quienes adquirieron productos financieros en esos años.

En su escrito de acusación, en el que no pide pena alguna para el expresidente Modesto Crespo, solicita para los exdirectores generales de la entidad Roberto López Abad y María Dolores Amorós siete años y medio de cárcel y multa de 180.000 euros por un delito societario continuado de falsedad de las cuentas en concurso con estafa agravada, o en su defecto, apropiación indebida agravada en concurso con administración desleal.

HASTA EL 21 DE JULIO / También solicita esa pena para el exdirector general de Planificación y Control Teófilo Sogorb y para el exdirector de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez. Durante la sesión, la defensa del primero renunció a 19 testigos que había propuesto, lo que puede aligerar el juicio, previsto hasta el 21 de julio. El fiscal, además, solicita 10 meses de cárcel y multa de cuatro meses para el exdirector general de Recursos Vicente Soriano, y un año y dos meses de prisión y multa de seis meses para el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.

Anticorrupción, que cifra en 20,1 millones de euros la cantidad indebidamente cobrada por los acusados y que sostiene que deben reintegrar al Sabadell, pide que los titulares de cuotas participativas adquiridas en esos años sean indemnizados.