El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, y los exdirectivos de la entidad, Adolf Todó y José María Loza declararon ayer como investigados ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. La fiscalía les acusa de presunta administración desleal supuestamente cometida al haber causado un perjuicio de 720 millones de euros en operaciones inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2007. Los tres antiguos directivos de la caja afirmaron que todos los negocios bajo sospecha se aprobaron con el aval de informes jurídicos y económicos y con el visto bueno del Banco de España. «Todas las operaciones pasaron los resortes de control», aseguraron, según fuentes jurídicas. También culparon del agujero a la Sareb por el poco valor por el que compró los activos inmobiliarios de la entidad financiera.

Los exdirectivos de la caja admitieron ayer que algunas de las operaciones fueron fallidas, pero otras fueron «muy exitosas», cifrando su número entre «600 y 700». Incluso, subrayaron que llegaron a reportar en su conjunto entorno a 3.000 millones de euros a CatalunyaCaixa. A la salida de la Audiencia Nacional, Serra manifestó: «He entrado muy tranquilo y salgo aún más tranquilo». «Esto acabará bien», concluyó. La fiscalía, que fue quien presentó la querella, no ha pedido medidas cautelares para ninguno de los tres investigados en el caso.

La fiscalía sostiene que la caja catalana realizó entre el 2000 y el 2007 «una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria» a través de su filial Procam. Las operaciones no solo se hicieron en España, sino también en Polonia y Portugal. En la mayoría de los casos el «aval y fiabilidad» que desde la entidad se dio a esos proyectos se otorgó «confiando» en la palabra de los socios copartícipes de las inversiones, sin previos informes externos independientes y «sin realizar el análisis exhaustivo de aspectos tales como la solvencia.