Aunque los expertos consultados por EL PERIÓDICO defienden una reforma laboral de mayor calado que la propuesta por Rodríguez Zapatero, coinciden con el Gobierno en el objetivo de limitar la indemnización por despido más alta de 45 días de sueldo. Para conseguirlo, hay que eliminar la inseguridad jurídica que impide un mayor uso del despido indemnizado con 20 días por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción.

El abaratamiento de las indemnizaciones apenas tiene partidarios, ya que la mayoría de los catedráticos y profesores de Derecho del Trabajo y los abogados sondeados se decantan por las mismas vías indirectas de reducir los costes de despido que ha planteado el Gobierno a los sindicatos y las patronales.

Además de clarificar las causas del despido de 20 días, algunos expertos también proponen extender la utilización del contrato indefinido de fomento, que tiene una indemnización máxima de 33 días en lugar de 45.

DOCTRINA DEL SUPREMO Para Francisco Pérez de los Cobos, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, es necesario "ofrecer a los empresarios un marco de seguridad jurídica que hoy no existe". Se trataría, según el catedrático Salvador del Rey, socio de Cuatrecasas, de "replantear las causas del despido en función de las necesidades de las empresas aplicando la doctrina del Tribunal Supremo, que pide una mínima razonabilidad" para aceptar extinciones de 20 días de sueldo por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades.

Ante las dudas de si un juez aceptará los despidos por causas objetivas, especialmente las organizativas y de producción, muchas empresas optan por curarse en salud y pagar 45 días, como si fuera improcedente, según Álex Valls, de Baker & McKenzie.

Además de "especificar con más rigor" las causas objetivas, el profesor Sandalio Gómez, del IESE, plantea generalizar la indemnización máxima de 33 días y "escoger el modelo italiano para el despido disciplinario declarado improcedente que obliga a la readmisión en empresas con más de 50 empleados", así como "aumentar el porcentaje necesario para presentar un ERE a un 15% de plantilla --frente al 10%--, con el tope de 50 trabajadores".

Como variante a estas posibilidades, Joan Antoni Alujas, especialista en políticas laborales de la UB, sugiere "un nuevo contrato indefinido con indemnización por despido progresiva, es decir, que aumente según la antigüedad". Manel Hernández, de Sagardoy, también defiende las indemnizaciones progresivas.