La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer al Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid que cite de nuevo al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato para que se le informe sobre dos presuntos nuevos delitos (cohecho y malversación de caudales públicos) que le imputa la Guardia Civil en un informe. En un escrito, Anticorrupción se refiere a un documento presentado el 27 de marzo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que se atribuyen a Rato estos dos nuevos delitos además de los de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública por los que ya está procesado.
En el escrito se solicita al juez Antonio Serrano, que investiga el origen de la fortuna del exdirector gerente del FMI, que le cite en calidad de investigado para que conozca la imputación de los nuevos delitos y preste declaración sobre los mismos. En su informe, la Guardia Civil detectó que empresas privatizadas en los años en que fue ministro (1996-2004), con el Gobierno de Aznar, le pagaron casi 83 millones a través de sociedades presuntamente relacionadas con su familia.
Rato facturó 31,29 millones a través de la empresa Cor Comunicación mientras ocupó el cargo de gerente del FMI. Más del 90% de ese dinero procedía de los ingresos que recibió de empresas privatizadas, para las que la citada sociedad realizaba campañas publicitarias. La UCO destaca que esa empresa se constituyó con «una opacidad intencionada» que dificultaría la conexión de esta empresa con Rato.
SOCIEDAD OPACA
La UCO agrega en su informe que «la voluntad de ser utilizada para ocultar el origen ilícito de los beneficios procedentes de la consecución de un delito cometido previamente, podría constituir una conducta típica aparejada a un presunto delito de blanqueo de capitales».Además, Cor Comunicación contaba con una filial, también propiedad de Rato, que promovió la construcción de un hotel de cinco estrellas en Layos (Toledo) y por cuya explotación recibió en el 2003 una subvención cercana al millón de euros por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida entonces por él mismo.
Rato, que tiene abiertas más de una decena de piezas en el marco de la investigación sobre el origen de su fortuna, habría defraudado cuotas por un importe total de 6,8 millones, según expuso la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en un informe adherido a la causa y que recoge que las rentas no declaradas apreciables en transferencias bancarias internacionales ascienden a más de 7 millones.
La defensa del exministro ha pedido en los últimos meses el archivo de casi de todas investigaciones. Recientemente la de sus conferencias negociadas con Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC). También se opuso a la relativa a las contrataciones de Lazard. Esta última fue archivada la pasada semana por la Audiencia Provincial de Madrid de forma provisional al considerar «una coincidencia» los pagos a Rato y las contrataciones realizadas por Bankia, entidad que presidió entre el 2010 y el 2012.
A finales de marzo, la Audiencia Provincial de Madrid advirtió al magistrado instructor del caso que evitara «diligencias inútiles» e «indebidas dilaciones».
