La Fiscalía Anticorrupción ha pedido dos años y medio de prisión para el expresidente de Caja Castilla La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega por emprender una "maniobra contable" con la que reflejaron 30 millones en beneficio en lugar de unas pérdidas de 182 millones.
En un escrito remitido al juez de la Audiencia Pablo Ruz, que el pasado 3 de octubre dio el primer paso para sentarles en el banquillo, el Ministerio Público acusa a ambos de un delito societario, por el que solicita su inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero durante el tiempo que dure la condena.
La Fiscalía no pide así ninguna responsabilidad civil ni les acusa del delito de administración desleal que sí encontró Ruz, que en su auto consideraba indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de crédito con una "notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación".
Sin embargo, el fiscal se ciñe a un delito societario cometido mediante una "maniobra contable" con la que "los acusados lograron que los estados financieros de CCM, tanto individuales como consolidados, reflejaran beneficios en lugar de pérdidas". Así, relata que en el año 2008 la entidad atravesaba una situación de falta de liquidez, "debida en gran parte al deficiente control en la gestión del riesgo, el incremento de la morosidad y el deterioro de las inversiones ligadas al sector promotor, que comprometía gravemente la viabilidad futura de la entidad".
Dicha situación fue advertida por el Banco de España, que en octubre de 2008 realizó una serie requerimientos a Hernández Moltó.
Hernández Moltó solicitó ayer la suspensión temporal de su militancia en el partido porque "no quiere ser ningún obstáculo" para el PSOE.
