La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicita que se convoque una vistilla para acordar las medidas cautelares contra el expresidente de Caja Madrid y principal condenado por las tarjetas black Miguel Blesa, si bien no realiza ninguna petición sobre su sucesor en el cargo, Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio de prisión por el mismo caso.
La solicitud de Anticorrupción se conoce después de que el pasado jueves la Sala de lo Penal hiciera pública la sentencia en la que condena a los 65 acusados a penas de cárcel que van desde los 3 meses hasta los 6 años de cárcel por delito continuado de apropiación indebida debido al uso personal que hicieron con las tarjetas opacas al fisco.
Tanto Blesa como Rato -a los que el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo les acusó de quebrar la lealtad que la caja depositó en ellos- siguen imputados en la pieza principal del caso Bankia y tienen cuentas pendientes en el juzgado de plaza Castilla.
Blesa se sentará en el banquillo de los acusados después de que se abriera nuevo juicio contra él por los sobresueldos cobrados por exdirectivos de Caja Madrid mientras que Rodrigo Rato está siendo investigado por el juez Antonio Serrano-Arnal, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, en relación con su patrimonio.
Blesa y la práctica totalidad de los 65 condenados, por su parte, recurrirán en casación la sentencia de la Audiencia Nacional conocida el jueves, el mismo día que el exvicepresidente del Ejecutivo Rodrigo Rato anunció su intención de interponer recurso tras conocer la notificación.
La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), personada como acusación popular en la causa, también solicitó al tribunal el pasado viernes la convocatoria de la vista para decretar prisión «provisional comunicada y sin fianza» para Blesa, presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010 y su sucesor al frente de la caja extinta y de Bankia Rodrigo Rato.
La sentencia de la Audiencia Nacional fundamentó la condena a los 65 beneficiarios en el uso personal que hicieron de las visas que recibieron a su llegada a la entidad nacionalizada y a las que cargaron un total de 15 millones de euros entre 1999 y 2012.
