El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó ayer su previsión de crecimiento de España para este año del 2,6% que calculó el pasado abril al 3,1%, en línea con los consensos de los expertos y una décima menos de lo estimado por el Gobierno, y para el que viene del 2,1% al 2,5%. Incluso ve posible que la expansión del 2017 sea aún más elevada gracias a que el «impulso» de las reformas puede ser «mayor de lo estimado». El país, destacó en su revisión anual, se encuentra en su cuarto año consecutivo de crecimiento y creación de empleo «impresionantes».
Con todo, y como es habitual, el organismo que preside Christine Lagarde puso una larga lista de tareas pendientes: «Ha llegado el momento de abordar las vulnerabilidades restantes relativas a la elevada deuda pública (en mayo subió al 99,9%) y de finalizar el ajuste poscrisis del sector bancario aún en curso. Al mismo tiempo, siguen siendo prioritarios la reducción del desempleo estructural y el fomento de la productividad. De no continuar realizándose avances decididos en materia de reformas estructurales y reconstitución de las reservas fiscales, la economía seguiría siendo vulnerable a turbulencias, con el riesgo de dejar atrás a algunos segmentos de la población».
El mayor énfasis lo ha puesto en las pensiones, caballo de batalla habitual. La institución reclama que su revalorización se mantenga dentro de los topes legales. La Autoridad Fiscal Independiente (Airef) ha calculado que subirán el mínimo legal del 0,25% hasta el 2022, pese a que deberían bajar (el 3% este año) si se aplicase el factor de sostenibilidad que las liga a los ingresos de la Seguridad Social. El poder adquisitivo de los pensionistas, con todo, bajará el 7% en cinco años, por lo que partidos como PSOE y Podemos pretenden ligarlas de nuevo a la inflación.
PENSIONES GENEROSAS
De ahí el mensaje del FMI, cuya responsable para España, Andrea Schaechter, planteó que el país ya tiene unas pensiones «relativamente generosas» con lo que, si decide elevarlas más del 0,25%, serán necesarias «medidas que lo contrarresten» para que el sistema sea viable. Apostó, así, por «un paquete de medidas que incentiven una vida laboral más larga y fomenten el ahorro complementario», vincular la pensión a la esperanza de vida (bajarlas, en la práctica) de forma automática para evitar los «dificultades políticas», elevar la base máxima de cotización e informar a los futuros jubilados sobre a cuánto ascenderá su pensión para que planifiquen su ahorro.
En materia fiscal, reclamó «medidas compensatorias que contrarresten» el impacto de la rebaja fiscal a las rentas bajas pactada por el PP y Ciudadanos para el 2018. También insistió en propuestas habituales, como reducir gradualmente el número de productos que se benefician de un IVA reducido y elevar los impuestos medioambientales. Asimismo, planteó ligar la reforma de la financiación autonómica a la revisión del gasto, y aplicar la regla de gasto a todos los niveles de la Administración.
Sobre los salarios, Schaechter reclamó que suban únicamente en las empresas y los sectores donde mejora la productividad y reiteró la apuesta del FMI por un contrato único con una indemnización por despido creciente.
Entre los principales problemas a abordar, el FMI destaca que «las tasas de desempleo juvenil y de larga duración continúan situándose entre las más altas de Europa, los nuevos contratos temporales han seguido superando en número a los nuevos contratos indefinidos y el empleo a tiempo parcial con carácter involuntario se mantiene en cotas elevadas».
También defiende la aplicación de la ley de unidad de mercado, la reducción de regulaciones en función del tamaño de las empresas, más gasto en I+D, y facilitar la financiación a las startups. En el sector financiero, propone la creación de un Consejo del Riesgo Sistémico y permitir que el Banco de España pueda limitar el porcentaje del precio de los inmuebles que los bancos financian con las hipotecas para evitar nuevas burbujas.
