Las acusaciones particulares personadas en el juicio de las tarjetas black, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y Bankia, utilizaron ayer sus informes de conclusiones para reclamar para sí la indemnización que corresponda por el uso para gastos personales que hicieron de sus tarjetas los 65 exconsejeros de Caja Madrid y Bankia que están siendo juzgados.

El letrado que representa al FROB, Fernando Aizpun, defendió su legitimidad para reclamar las cantidades «ilícitamente» dispuestas con las tarjetas black por los 65 acusados apelando al rescate que se hizo de Bankia en el 2012, que recibió más de 22.000 millones en ayudas públicas, para «el saneamiento de la entidad» y, «del sector bancario» español.

«El derecho a la restitución de lo indebidamente dispuesto por los acusados forma parte del perímetro segregado a Bankia y eso no es objeto de reclamación por parte de la Fundación Caja Madrid. Existe una relación de causalidad directa entre el prejuicio causado al FROB con el ilícito penal», expuso Aizpun, para reclamar la indemnización, algo negado por el Tribunal Supremo en el caso de Novacaixagalicia.

Por su parte, el abogado de Bankia Joaquín Burkhalter, siguió la línea marcada por el alto tribunal para defender que los fondos deben restituirse a ella, como heredera de Caja Madrid.

Durante sus informes de conclusiones, todas las acusaciones personadas insistieron en los argumentos utilizados el pasado lunes por el fiscal Alejandro Luzón para sostener la «contundente» prueba practicada en el juicio para condenar a los que utilizaron las black.

Sostuvieron que las defensas «han amontonado explicaciones» para justificar el uso de las tarjetas. «Uno dice que no lo hizo, que no es delito, que no hay pruebas contra él o que ya lo ha devuelto» y «no se puede decir todo a la vez», destacó el representante del FROB, que también negó que la Comisión Naconal del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España estuvieran al tanto de la partida que suponían las tarjetas y las avalaran.