Muchos funcionarios se irán de vacaciones con un ingreso adicional. Un mes después de cobrar la extra de verano, los empleados públicos de toda España empezarán a recibir este mes de julio el aumento salarial del 1% y una paguilla por los atrasos acumulados desde enero.
La demora en la aplicación del incremento retributivo se debe a la larga y tardía tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado del 2017, en los que se incluye la subida salarial del personal a cargo de la Administración del Estado que también es obligatoria para el resto de organismos públicos.
Los tres millones de funcionarios contabilizados en todas las administraciones españolas percibirán una paguilla media de alrededor de 100 a 200 euros por la aplicación retroactiva del 1% de enero a junio. En el caso de la Administración del Estado y otros organismos locales y autonómicos, esa cuantía se abonará en la nómina de julio, que ya tendrá incorporada la actualización de las tablas salariales. Otras administraciones han acordado otras fórmulas de pago aplazadas o fraccionadas.
Sin embargo, la paga de atrasos y el 1% de incremento para el 2017 dejan a los empleados públicos en una situación de pérdida de poder adquisitivo. En el conjunto de España, la subida supone un retroceso de 0,5 puntos en el poder de compra ya que el índice de precios de consumo subió hasta junio el 1,5%.
RECHAZO SINDICAL
De hecho, el aumento de las retribuciones que ofreció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no fue aceptado por los sindicatos, que reclamaban un incremento más alto en consonancia con las previsiones de IPC.
El 1% de subida salarial de la función pública también está por debajo de la recomendación consensuada por CCOO y UGT y las patronales CEOE y CEPYME, que aconsejan a las empresas que apliquen una subida de los sueldos de entre el 1,2% y el 2,5%, según el principio de acuerdo alcanzado el pasado lunes sobre el núcleo del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
En este sentido, el sindicato UGT ha advertido de que después del verano instarán al Ejecutivo central a «incorporar la pérdida de poder adquisitivo en el incremento de los sueldos públicos del 2018».
